Sancionar la corrupción en México es un proceso a cuentagotas que se ve opacado por la falta de transparencia y facilidad de acceso a los datos, lo que también ocasiona que sea casi imposible identificar dónde es más evidente la corrupción que lleven a sanciones.

Según el proyecto Observatorio del Sistema Nacional y Sistemas Nacionales Anticorrupción, de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, en diez estados, entre 2019 y 2020, únicamente el 0.23% de las denuncias penales realizadas por hechos de corrupción obtiene alguna sentencia.

Y es que los resultados encontrados tras la realización de 144 solicitudes de información a los sistemas anticorrupción de 10 estados y el Sistema Nacional Anticorrupción, indican que de un total de 16,277 quejas administrativas, únicamente se han resuelto 5,091 de estas, lo que representa el 31 por ciento.

Sin embargo, de aquellas resultas, se ha sancionado a 1,434 servidores públicos, es decir, solamente el 28 por ciento.

Asimismo, los resultados dan cuenta que sólo se han obtenido 13 sentencias penales condenatorias de un total de 6,173 denuncias penales por hechos de corrupción, a través de las cuales se han recuperado sólo 2,647,000 pesos por hechos de corrupción y faltas administrativas en el país.

Este estudio, que busca evaluar a los operadores de los Sistema Nacional y Estatales Anticorrupción, demostró que no existen datos abiertos y de igual forma no hay datos fáciles de obtener por medio de los portales de transparencia.

Además de demostrar que no hay datos abiertos, no hay datos fáciles de obtener por medio de los portales de transparencia y que parece no haber relación entre el operador del Sistema Anticorrupción (Fiscal, Contralor, Auditor) y su unidad de transparencia, ya que hay datos en sus informes anuales que no concuerdan con la información que presentaron al responder las solicitudes de información.

Asimismo, se dijo que ningún poder judicial registra el contenido de sus sentencias (sanciones aplicadas, montos recuperados, etc.), sino que se limitan a cuantificar el número de sentencias.

Las autoridades no tienen registros o informaron acerca de la recuperación de activos, con excepción de las Secretarías de Finanzas, quienes en caso de responder lo hicieron de manera parcial o incompleta” se identificó.

Mientras que con excepción del estado de Tamaulipas, los Comités de Participación Ciudadana no fueron capaces de proporcionar información para la investigación, y aquellos que brindaron información, fue mínima.

Finalmente, el observatorio dijo haber detectado algunas carencias desde el diseño, tanto del Sistema Nacional como Estatales Anticorrupción. Principalmente porque es “increíblemente complejo” que siete actores se pongan de acuerdo para operar las nuevas leyes del sistema y además expidan e implementen una Política Anticorrupción.