La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó que, con base en información de fiscalías y procuradurías estatales, se ha identificado que del 15 de junio del 2012 al 31 de julio del 2017 se registraron 5,245 posibles víctimas de trata.

Durante la presentación del Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2019, la CNDH detalló que 85% de las posibles víctimas son niñas, adolescentes y mujeres, y es la explotación sexual el principal fin.

“Existen temas que preocupan profundamente a la sociedad, como la trata de personas asociada a la pornografía infantil, la explotación sexual y el denominado turismo sexual”, expuso.

El presidente del órgano nacional, Luis Raúl González Pérez, detalló que, a partir de la información de los órganos jurisdiccionales, sólo se reportan 790 víctimas derivadas de sentencias condenatorias firmes de los delitos en materia de trata de personas.

Puntualizó que, con excepción de Yucatán y Durango, todas las entidades reportan al menos una investigación por estos delitos, pero 70% de las averiguaciones se concentran en cinco entidades federativas: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca.

En ese sentido, los estados de Colima, Nayarit, Nuevo León y San Luis Potosí informaron que no cuentan con sentencia alguna por el ilícito.

Sobre las personas indiciadas e imputadas por los delitos en materia de trata se reportaron 3,344, de los cuales 69% son hombres y 31% mujeres.

En 224 averiguaciones previas se identificó que la persona imputada tiene una relación de parentesco por consanguinidad, civil o por afinidad con la víctima; en 127 la participación de la delincuencia organizada; en 80 de servidoras y servidores públicos; y en dos se detectó la participación conjunta de personal del servicio público y una persona con parentesco por afinidad con la víctima.

El ombudsperson nacional apuntó la necesidad de buscar nuevas líneas de investigación entre la trata de personas y los casos de feminicidios y desapariciones en el país, así como prestar atención a los grupos que no son visibilizados y que son víctimas de estos delitos, como las personas con discapacidad, las personas adultas mayores y la comunidad LGBTTTIQ.

Recordó que México fue de los primeros países en ratificar el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños en el 2003, obligándose con la comunidad internacional a realizar las reformas legislativas necesarias e implementar una política pública integral que, además de la prevención y la sanción, incluyera la atención a víctimas.

Sin embargo, denunció que los esfuerzos para conformar una estructura lo suficientemente sólida que permita responder de manera efectiva para combatir este delito multicausal no han sido suficientes.

“Hacemos un llamado para poner en funcionamiento una estrategia para la atención especial a las localidades aisladas y zonas urbanas que hayan sido identificadas con mayor posibilidad de que su población sea víctima de los delitos de trata y explotación sexual; concentrar los esfuerzos para brindar herramientas de protección a niños, niñas y adolescentes, e identificar para su fortalecimiento aquellas acciones que han logrado un impacto local y transversal”, concluyó.