Especialistas coincidieron en que las acciones que lleva a cabo el gobierno federal para hacer frente a la violencia contra defensores de derechos humanos (DH) y ambientalistas —como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de DH y Periodistas— son insuficientes, además de que los activistas son, de manera reiterada, descalificados.

La responsable de protección a defensores de DH de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), Ángeles Hernández, mencionó que el Mecanismo de Protección es insuficiente para enfrentar el problema, porque presenta fallas estructurales que le impiden cumplir sus objetivos de manera adecuada, como la falta de personal y recursos insuficientes.

“Es necesario (el mecanismo), por supuesto, pero además toca ir fortaleciendo estos espacios (...) que se han ido quedando un poco cortos. Uno de los señalamientos más claros que hemos hecho es que se le deja todo el trabajo al mecanismo de protección”, dijo.

Destacó la necesidad de que las autoridades estatales y municipales se involucren en las responsabilidades por estos casos de agresiones, ya que, de acuerdo con un informe que presentó la ONG a principios de enero, los gobiernos locales fueron actores clave para cometer algún tipo de agresión hacia los defensores de DH.

Es en lo local donde se debe enviar el mensaje de que la labor de estas personas es importante y que los ataques en su contra serán castigados, enfatizó.

Acusó que la mayoría de las agresiones y asesinatos de defensores quedan impunes, debido a que en ocasiones las personas cercanas a las víctimas no pueden acceder a los expedientes o en las investigaciones no se incorpora la labor de los activistas como factor de ataque o asesinato; incluso, en algunas situaciones ni siquiera se abre una carpeta de investigación.

Respecto del tema, Mariclaire Acosta, presidenta fundadora y miembro del Consejo Directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, expuso que las agresiones son porque se “afectan intereses ilegítimos”, además de que existe un clima de impunidad y polarización que los vuelve más vulnerables ante alguna manifestación de violencia.

Opinó que el Ejecutivo federal atiende los ataques de los activistas, más no los previene, ya que no existe una política pública que los proteja.

“Es decir, el mecanismo es reactivo, el mecanismo es cuando ya hay una amenaza, cuando ya hay una situación de riesgo, pero no previene”, afirmó.

Indicó que es necesario que la administración cambie su discurso descalificador hacia los activistas y a la vez haga un reconocimiento por dicha labor.

Por su parte, Alejandro Cerezo, del Comité Cerezo México, calificó de “tímidas” las acciones del gobierno federal para atender el problema de la violencia hacia los activistas, puesto que éstas no pueden resolverlo de manera estructural.

Explicó que durante este mandato no se han hecho las modificaciones legales para que estados y municipios estén obligados a coordinarse para atender las agresiones, así como para garantizar la reparación del daño.

Adelantó que organizaciones intentarán poner el tema en la agenda legislativa, ya que el año pasado se presentó la iniciativa de Ley general para prevenir, proteger, investigar, reparar y sancionar los delitos contra personas defensoras de los DH y periodistas.

De acuerdo con la Red TDT, 21 defensores tanto de derechos humanos como ambientalistas fueron asesinados en el 2019, cifra que va en aumento, ya que en el primer mes del 2020 ya suman dos homicidios de activistas.

Al menos ocho víctimas

Ataque en negocio de Uruapan

Sujetos armados irrumpieron en un negocio de maquinitas (videojuegos) en la colonia La Tamacua, en Uruapan (Michoacán), y abrieron fuego contra los asistentes. Ocho personas fallecieron, entre ellos, dos menores de edad. Asimismo, dos personas resultaron con lesiones por los disparos.

Según testimonios, el ataque ocurrió cuando se reportaron detonaciones. Policías de Uruapan arribaron al sitio para emprender la búsqueda de los atacantes, sin que la operación tuviera éxito.

Luego del ataque, la Secretaría de Seguridad de Michoacán informó sobre un despliegue operativo, en el que participaron elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Fiscalía estatal.

También en Uruapan, el pasado domingo, fueron hallados 11 muertos con signos de tortura en una fosa clandestina. (Jorge Monroy)

[email protected]