La Cámara de Diputados aprobará esta semana la minuta que expide la ley federal anticorrupción en contrataciones públicas para fortalecer los instrumentos legales con que cuenta el Estado mexicano para prevenir y combatir la corrupción.

El objetivo de la nueva ley es establecer las responsabilidades y sanciones que deban imponerse a las personas físicas y morales, de nacionalidad mexicana y extranjeras, por las infracciones en que incurran durante su participación en las contrataciones públicas de carácter federal y en las transacciones comerciales internacionales.

De acuerdo con el decreto aprobado por la Comisión de la Función Pública, el ordenamiento llenará una laguna jurídica, porque actualmente no se puede sancionar administrativamente a particulares que cometan actos de corrupción en las contrataciones públicas y de ahí la urgencia por establecer multas e inhabilitaciones.

Serán sujetos de la ley las personas físicas o morales que participen en las contrataciones públicas de carácter federal, como interesados, licitantes, invitados, proveedores, adjudicados, contratistas, permisionarios, concesionarios o análogos, así como accionistas, socios, asociados, representantes, mandantes o mandatarios, apoderados, comisionistas, agentes, gestores, asesores, consultores, subcontratistas o empleados que los representen y los funcionarios que participen en la contratación.

En el caso de las personas físicas, las sanciones serán multas de 1,000 a 50,000 veces el salario mínimo diario vigente para el DF , aunque si se trata de permisos, concesiones, autorizaciones o trámites, la multa se podrá incrementar si hay elementos para determinar que el beneficio del infractor fue superior a la multa.

Si la multa máxima resulta menor a 30% del monto del contrato, la multa será de 30 hasta 35% del monto del contrato si éste se adjudicó al infractor, a quien se inhabilitaría para participar en contrataciones públicas de carácter federal por un periodo de entre tres meses y ocho años.

Cuando se trate de personas morales la multa será equivalente a 10,000 y hasta 2 millones de veces el salario mínimo, y la inhabilitación sería por un periodo no menor de tres meses ni mayor a 10 años.

DICE GARCÍA CERVANTES

FISCALÍA ANTI CORRUPCIÓN VA VS FUNCIONARIOS

El Senado tiene previsto aprobar hoy la creación de la Fiscalía Nacional contra la Corrupción y el Combate al Lavado de Dinero; esa instancia funcionará de forma paralela a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda que está enfocada a la vigilancia de las actividades de particulares, como lo había informado El Economista.

El senador Ricardo García Cervantes (PAN), autor de una iniciativa aseguró que esa instancia será el primer paso para que los servidores públicos deshonestos, integrantes de los poderes de la Unión, de los poderes públicos de los Estados, municipios y de órganos constitucionales autónomos, que desvíen su tarea de servicio público, sean sometidos a juicio y sean castigados.

Luego pasará a la Cámara de Diputados para su ratificación.

(Con información de Jorge Monroy)