Aunque ya se aprobó en comisiones de la Cámara de Diputados la expedición de la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones, es improbable su ratificación por el pleno de ambas cámaras del Congreso de la Unión antes del próximo 19 de junio en acatamiento del plazo constitucional para la instrumentación del nuevo sistema de reinserción social y el régimen de modificación y aplicación de penas.

El propio Poder Legislativo federal fijó el límite de tres años, contados a partir de la promulgación, en el 2008, de las reformas a la Constitución en materia de justicia.

La nueva legislación secundaria pretende modernizar el funcionamiento y la operatividad de los centros federales de reinserción social, así como la ejecución y aplicación de penas corporales.

De acuerdo con el decreto de la nueva ley, aprobado desde marzo pasado por la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Baja, que preside José Luis Ovando Patrón (PAN), y derivado de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio del 2008, el propósito es actualizar toda la legislación secundaria para hacerla acorde con la misma.

Y de ahí que el primer reto sea desarrollar el nuevo sistema de reinserción social, que regule al Artículo 18 de la Constitución y la generación de la figura procesal que atienda el mandato contenido en el tercer párrafo del Artículo 21 constitucional.

Si bien es cierto que se ha venido actualizando la legislación federal, los temas de prisiones y reinserción social son el principal problema a resolver para contar con un Sistema Penitenciario Federal que permita responder a las demandas sociales y autoridades estatales , establece el dictamen en su exposición de motivos.

LOS ALCANCES

La nueva ley permitirá el crecimiento de la infraestructura penitenciaria federal, de sus instalaciones y personal, con el fin de que sean los idóneos para aplicar el nuevo sistema de reinserción social mandatado por la Carta Magna.

Ello, toda vez que el propósito es crear leyes que permitan garantizar la seguridad y el adecuado funcionamiento de los complejos penitenciarios federales, bajo un régimen disciplinario estricto, pero respetuoso de los derechos humanos y de facilitar una administración y operación eficiente, transparente y coordinada con todas las autoridades involucradas en el tema penitenciario.

En suma, el nuevo ordenamiento busca regular y actualizar las disposiciones normativas que deben regir en el tema de la reinserción y la ejecución de penas bajo un modelo transversal que atienda la problemática en la materia.

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