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La intención es debilitar al Poder Judicial: Enrique Córdova
Entre los tres poderes de la Unión debe haber una relación de coordinación, mas no de subordinación, refiere el experto en justicia constitucional.
Foto EE: Archivo
La confrontación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo no sólo es inédita también es alarmante porque de escalar el conflicto, podría ponerse en serio riesgo la relación de colaboración entre ambos poderes, así como la impartición de justicia, planteó Enrique Córdoba del Valle.
En entrevista, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV) expuso que lo que explica esa confrontación es una intención de debilitar al Poder Judicial.
“Es alarmante que esté sucediendo algo así. Pareciera que ésta es una manera de debilitar al Poder Judicial”.
Explicó que este enfrentamiento es inédito, y que, ante los cambios y transformaciones jurídicos, los jueces y magistrados están en el derecho de cuestionar estas modificaciones les asista o no la razón.
En tiempos de la Revolución, recordó, solamente en alguna ocasión hubo una confrontación cuando se ejerció un amparo para evitar un fusilamiento de algunas personas, pero nada que ver con lo que está haciendo ahora.
Córdoba del Valle señaló que la relación entre los tres poderes de la unión debe ser de estrecha colaboración y coordinación, en aras de fortalecer al Estado democrático mexicano, pero no deben inmiscuirse uno en la función del otro.
Se ha tratado durante muchos años de una colaboración, es decir, son poderes que no pueden funcionar aislados cuando cada uno tiene su función natural, necesitan de una colaboración estrecha con los otros poderes, pero no subordinación. Una confrontación de esta naturaleza no la hemos visto en años.
El también doctor en Derecho sostuvo que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al Poder Ejecutivo y de una mayoría de Morena al Legislativo, no sólo se hay indicios de que se está atentando contra la autonomía del Poder Judicial, sino incluso se está arremetiendo contra el pacto federal.
La SCJN, con la última palabra
El experto en justicia constitucional mencionó que el Poder Judicial tiene una fortaleza de su lado, posee la última palabra en cualquier intento de modificar la Constitución y más si ello es en detrimento suyo.
Cualquier modificación que se pretenda desde el Ejecutivo y el Legislativo tendrá que tocar la Constitución y la propia Constitución establece mecanismos de control, para que no sea trastocada y esos mecanismos están finalmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la que tiene la última palabra en cuestión de constitucionalidad. Por más que el Poder Legislativo y Ejecutivo lograran entrometerse en el Poder Judicial a través de una reforma legal, quien resuelve es la SCJN.
Se demeritará la impartición de justicia
Para el también experto en Justicia constitucional, una posible intromisión del Poder Ejecutivo y Legislativo en el Poder Judicial tendría un fuerte impacto en la impartición de justicia en el país.
De escalar el conflicto vendría un debilitamiento del Poder Judicial sin duda. La función judicial se politizaría, es decir, estaríamos viendo una injerencia directa del poder político sobre el Poder Judicial, pero esperemos que no. Abogo por la confianza que se debe dar al Poder Judicial para que éste mantenga su autonomía en ejercicio de la función.
Aunque para el experto la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos tiene un trasfondo político, la aprobación de esta legislación no tuvo ninguna incidencia en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial no anulara la elección de Puebla.
No, yo creo que hay que darle un voto de confianza al Poder Judicial. Ellos integran sus decisiones de manera colegiada. Es muy difícil que haya una intromisión política sobre todo al calificar una elección, pero me parece que el hecho de que el Poder Ejecutivo o Legislativo se introduzca en el funcionamiento del Poder Judicial sería desastroso.
Córdoba indicó que, para disminuir los riesgos de confrontación política entre poderes, lo cual terminaría por minar la independencia judicial, se debería elevar a rango constitucional la autonomía financiera de ese poder.
