El delito de extorsión en nuestro país se incrementó en un 28% entre 2018 y 2019. Por ese acto ilegal, los grupos de la delincuencia generaron aproximadamente 12,000 millones de pesos en 2018. Para combatir ese delito, el gobierno federal se propone crear una base de números telefónicos, y hacer investigaciones en tiempo real para desarticular a personas o grupos que operan ese delito.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indicó que en 2018, los ciudadanos que fueron víctimas de extorsión perdieron 12,000 millones de pesos, un monto cercano a los recursos federales que otorga el Sistema Nacional de Seguridad Pública a entidades y municipios.

En el Diario Oficial de la Federación, la SSPC publicó los lineamientos para la integración y funcionamiento de la Base Nacional de Presuntos Números de Extorsión Telefónica o Fraude.

Con esto se buscan que las entidades y los municipios, a través de sus C4s y C5s, recaben todos los números de extorsión que la ciudadanía reporta al 089, línea telefónica que administra el Centro Nacional de Información (CNI). "La ciudadanía debe saber que un número reportado más de cinco veces será sujeto a una investigación", precisó.

A través de este mecanismo, los 200 Centros de Atención de Llamadas de Emergencia (CALLES) de los distintos C4s y C5s del país, estarán dedicados a enviar información a los nuevos Centros de Atención de Denuncia Anónimas (CADA). Los CADA incluirán en su registro, entre muchos otros datos, los números que las personas reporten como extorsivos, la hora, el lugar y todo lo solicitado por el extorsionador.

"La información que derive de estas denuncias ciudadanas anónimas, será recabada por las agencias de inteligencia y corporaciones de policías mexicanas para realizar actos de investigación, prácticamente, en tiempo real", garantizó la SSPC.

Ofrece que las autoridades de los tres órdenes de gobierno que así lo decidan, podrán tener información de la base de datos para alimentar sus propios sistemas, alertar a la población y generar investigación y acciones de inteligencia en el combate a dichas conductas ilícitas, para lo cual deberán también proporcionar, a través de un esquema de datos, la información necesaria para la integración y actualización de la base.

Los lineamientos abarcan desde la entrega de la información por parte de los sujetos obligados, los criterios para la calidad de la información a fin de lograr su homologación, así como la coordinación e intercambio de información con instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependencias de inteligencia financiera, órganos reguladores de servicios de telecomunicaciones y cualquier otra instancia que sea relevante.

La SSPC reconoció que el delito de extorsión es la segunda conducta ilícita que más se presenta a nivel nacional, después del homicidio, por lo que "se hace necesario generar una política que permita proporcionar a las instituciones herramientas para hacer eficiente el combate a este ilícito".

El delito de extorsión se incrementó un 28% entre 2018 y 2019, de acuerdo con las carpetas de investigación iniciadas por las Fiscalías estatales que son recabadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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