La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, anunció que indaga la aplicación de 14,000 millones de pesos ejercidos para el Seguro Popular durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En Palacio Nacional, en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria Sandoval indicó que se trata de dos investigaciones en curso.

Mencionó que en la primera “estamos investigando durante el periodo del 2007 al 2016 más de 7,800 millones de pesos no comprobados y ejercidos dentro de este proyecto del Seguro Popular”.

Dicho periodo corresponde a la gestión presidencial de Felipe Calderón y los primeros cuatro años de gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Aquí ya estamos trabajando con los Órganos Internos de Control de la Secretaría de Salud y del Instituto de Salud para el Bienestar para preparar las denuncias penales por el daño patrimonial tan fuerte que fueron estos 7,800 millones de pesos”, aseguró la funcionaria quien no aclaró de qué rubros del Seguro Popular salieron esos recursos.

Eréndira Sandoval mencionó que la segunda investigación que realiza la Secretaría de la Función Pública es por la aplicación de 6,200 millones de pesos, también del Seguro Popular, en el 2018, el último año de gestión en el gobierno de Peña Nieto.

El uso presuntamente indebido fue en unidades médicas no acreditadas dentro de esta figura jurídica del Seguro Popular.

“Este procedimiento de investigación administrativa tiene su arista penal, y ya estamos en proceso de judicializarlo, bueno, ya está judicializado de hecho, pero nosotros en lo administrativo ya estamos también deslindando las responsabilidades”, mencionó la titular de la SFP.

Sandoval señaló que está abierta también una investigación por recursos ejercidos en contrataciones presuntamente irregulares dentro del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Sin embargo, la funcionaria no aclaró qué tipo de compras se realizaron ni el periodo de las mismas.

“Tenemos investigaciones sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas por más de 12,000 millones de pesos. Esto es un ejemplo de sólo una dependencia”, planteó.

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