Expertos coincidieron en que si bien no es clara la pregunta de la consulta popular que se realizará el 1 de agosto, es un ejercicio de participación ciudadana que tendrá toda la legitimidad y será organizada y resuelta con independencia por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).   

Durante la primer Jornada de Diálogo Nacional con las que el INE busca promover la participación en la consulta popular, el politólogo Alejandro Monsiváis Carrillo recordó que si bien el Presidente de México propuso someter a consulta llevar a juicio o no a los expresidentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modificó la pregunta, con lo cual -de cierta forma- reconoció la inconstitucionalidad de la propuesta original.

“En esta consulta no está en juego la posibilidad de investigar y, en su caso, sancionar a los expresidentes mexicanos, es importante enfatizarlo. De eso no se trata esta jornada. Las personas y organizaciones políticas que promueven esta idea están difundiendo información falaz, equivocada y probablemente mal intencionada”, dijo.

Consideró que la Suprema Corte “quedó en falta”, pues si bien consideró constitucional la consulta propuesta por el titular del Ejecutivo, cambió el texto de la pregunta que originalmente versaba sobre enjuiciamiento a expresidentes, y por lo tanto no quedó claro el alcance de la misma.

Ejemplificó que en Gran Bretaña, los ciudadanos votaron en el referéndum de 2016 para decidir si permanecían o abandonaban la Unión Europea, mientras que en el plebiscito constitucional en Chile celebrado en octubre pasado del año 2020 se sometió a votación si el pueblo chileno quería o no quería una nueva Constitución.

“En contraste, la pregunta que formuló la Suprema Corte dice muy poco acerca de las consecuencias específicas que habrán de seguir si gana el sí”, comentó.

Alejandro Monsiváis Carrillo destacó el carácter propiamente democrático de la figura de la consulta popular más allá del tema o de la participación de las personas, ya que es un proceso apegado al marco constitucional que además es implementado por una autoridad capaz de ofrecer certeza acerca de la limpieza e imparcialidad del resultado como es el INE.

Estimó que el aprendizaje es crucial para las y los mexicanos que deberían reconocer la complejidad logística asociada a una consulta popular, legal y democrática, con independencia de la materia de consulta o de la controversia que hay en torno a la pregunta.

Por su parte, Irma Méndez de Hoyos aseguró que es fundamental la participación de la ciudadanía en este tipo de ejercicios que son una excelente plataforma y espacio para que las decisiones políticas tengan, por un lado, viabilidad técnica, pero también que sean legítimas social y políticamente.

Asimismo, refirió que, con independencia de los pros y contras que existen en este tipo de mecanismos, el hecho de que el INE participe en la organización de la consulta popular es por sí mismo una enorme ventaja, ya que ha probado ser una institución imparcial, profesional y capaz de organizar elecciones incuestionables.

En su oportunidad, Francisco Javier Dondé Matute, recordó que a pesar de que este ejercicio es novedoso en México, hay antecedentes en otros países de América Latina como búsqueda de un mecanismo de solución a los problemas nacionales que dota de legitimidad una decisión en la que participa activamente la ciudadanía.

Asimismo, señaló que con independencia de la claridad de la pregunta que será sometida a consulta, éste es un experimento que debe ir perfeccionándose, por lo que consideró que es fundamental que la ciudadanía exprese su opinión para que sean cada vez más las consultas que existan y de mejor calidad.

kg