El embate del crimen organizado, principalmente de los cárteles de La Familia y Los Zetas en el robo de productos y de carga, elevó del 2006 a la fecha la demanda de guardias de seguridad privada en todo el país, hecho que incrementó de 375 a 798 el número de dichas empresas, aseguró ayer el comandante Arnulfo Garibo Ramírez, presidente de la Confederación Nacional de Empresarios de Seguridad Privada y Similares del Ramo (Conesprysir).

Al dar a conocer la integración de la Coalición Nacional de Empresas y Profesionales de Seguridad Pública con la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad, Información, Rastreo e Inteligencia Aplicada (Amsiria), Garibo Ramírez exigió la atención de la Federación para evitar que se formen empresas patito.

En conferencia de prensa, dieron a conocer que desde hace cinco años han integrado un Mapa Delictivo Nacional, nutrido con reportes de unas 600 empresas, donde se observan los principales ilícitos perpetrados contra dichas compañías, quienes dan fe de los hechos para evitar el tránsito por esas zonas.

Se ha observado un mayor índice delictivo contra las empresas del acero, varilla, farmacéuticos y abarrotes, principalmente en Nuevo León, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Estado de México y zona conurbada del Distrito Federal, manifestaron Garibo Ramírez y Alberto Israel Rivera Armendáriz, quien preside la Amsiria.

Agregaron que la inseguridad en las carreteras en este año provocó que el robo creciera 20% contra el transporte de carga y 34% contra el de pasajeros, por lo que el mapeo sobre los puntos rojos se nutrirá tanto por los afiliados como particulares, los cuales informarán de los ilícitos a las autoridades correspondientes.

Garibo agregó que con la Ley Federal de Seguridad Privada, que se encuentra actualmente en revisión en el Congreso, se espera que se ordene este sector.

Actualmente, dijo, existen 450,000 guardias aparentemente operando, pero otras estimaciones elevan la cifra hasta a 650,000, lo que sugiere la existencia de unas 10,000 empresas patito, por lo que se requiere que las autoridades federales reglamenten el sector, sobre todo ahora que empresas extranjeras podrán operar en México.

rtorres@eleconomista.com.mx