El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que su administración logró un acuerdo con empresas privadas que tienen contratos para administrar reclusorios en el país, con lo cual, se reducirá 15% en el pago de los contratos.

En conferencia ayer se anunció además que las instalaciones pasarán a formar parte del patrimonio nacional al concluir los contratos con privados, mientras que con los 10,000 millones de pesos que se ahorrarán, dijo el presidente, se podrían invertir en 100 cuarteles de la Guardia Nacional.

“Es un buen acuerdo, una buena noticia, se firmaron estos contratos muy leoninos, es decir muy favorables para las empresas y muy malos para la Hacienda pública, para el pueblo”, expresó el presidente desde Palacio Nacional.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, recordó que en algunas de las cláusulas de los contratos se establecen que la operación y la seguridad están a cargo del Gobierno de México y las empresas o desarrolladoras sólo están obligadas a brindar condiciones materiales, tecnológicas y algunos servicios auxiliares.

Sin embargo, dijo, también se estableció que la vigencia de por lo menos 20 años para la prestación del servicio de estos proveedores, de estos particulares para cada uno de los centros penitenciarios y el monto proyectado con actualización e impuestos es de 276,619 millones de pesos, de lo cual se ha erogado en nueve años 85,398 millones de pesos.

“El trato representaba un gasto para el pueblo de México equivalente —nosotros decimos, esa es una percepción de la Secretaría— este gasto representa un equivalente al hospedaje diario en un hotel de cinco estrellas o más por el alojamiento, alimentación y la atención de cada interno”, destacó.

Asimismo, ejemplificó que en el 2020, de los 22,776 millones del presupuesto ejercidos por Prevención y Readaptación Social, 67.7% se fue en el pago de ocho contratos, casi el total, “lo que significa esta privatización de estos servicios”.

Baja ocupación

En tanto, se dio a conocer que al 31 de marzo se tenían 12,334 personas privadas de su libertad en estos ocho penales administrados por privados.

“Decir pues que hay casos en los que el porcentaje de ocupación es de 32%, como este del penal de Morelos, y no obstante se pagaba como si estuviera lleno a 100%, y en el mejor de los casos la ocupación está por debajo de 80%, en promedio el número de personas privadas de la libertad por centro penitenciario llega a 61 por ciento”.

En el caso del gasto anual por persona privada de la libertad, se resaltó que al año, en promedio, los costos llegaban a un millón 408,000; el gasto por mes era de 117,409 pesos y, el gasto promedio al día, llegaba a los tres 1,913 pesos diarios.

“Al término de la administración se generará un ahorro de 10,106 millones de pesos (...) al finalizar la contratación el Gobierno de México tendrá una reducción de alrededor de 41,496 millones de pesos”, dijo la funcionaria.

maritza.perez@eleconomista.mx