Especialistas en seguridad pública, seguridad informática y derechos humanos de la Universidad Iberoamericana alertaron que la geolocalización ?-declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación- traerá consigo graves riesgos, pues la medida representa una violación a las garantías, hay incertidumbre sobre el tratamiento de los datos, incluso se desconoce quiénes tendrían acceso a la información.

Durante una mesa de discusión organizada por la casa de estudios, Pablo Monzalvo, experto en seguridad pública; Jorge Garibay, especialista en seguridad informática, y Sandra Salcedo González, integrante del programa de derechos humanos, reconocieron que la medida no será de mucha utilidad para combatir a la delincuencia, pues sus integrantes contratarán servicios de dispositivos para evitar la localización.

Pablo Monzalvo calificó la medida como un atentado a la garantía individual. La inseguridad se combate con estrategia y conocimiento, lamentablemente el gobierno tiene un resultado incompetente .

Dijo que al tratarse de tecnología, habrá soluciones, porque es un problema electrónico. Habrá una vacuna y quien tendrá esta vacuna será la delincuencia y sólo los ciudadanos que no tienen estarán a expensas de una ley injusta . Además, explicó que las empresas tecnológicas se convertirán en rectoras.

Sandra Salcedo González mencionó que a pesar de que se necesitará la autorización de la autoridad judicial, los ciudadanos necesitan tener información exacta sobre el tratamiento de los datos. No sólo se tendrá la ubicación, también la grabación, y esto debe estar limitado. Hay que conocer quién tendrá acceso, qué temporalidad .

Pidió que será necesario que los ciudadanos sepan que han sido sometidos a vigilancia; incluso explicar los recursos para controvertir la medida.

Se tiene que hacer un esfuerzo para no permitir la arbitrariedad. No tenemos que dejar de usar el celular, mejor exigir respeto a la privacidad de la información y que los procedimientos sean claros. Incluso que existan mecanismo adecuados ante posibles abusos. No se trata de poder denunciar al Ministerio Público .

Jorge Garibay completó: La tecnología da capacidad de hacer el rastreo, pero no hay reglas claras del juego, no se define el ciclo de vida de la información .

En la continuación de la reforma constitucional en materia de transparencia, comisionados de los órganos garantes y especialistas en el tema impulsan la propuesta de crear un nuevo órgano que se encargue de velar por la protección de datos personales. Incluso se tiene una propuesta de estructura: contaría con una secretaría general, dos consejos consultivos (ciudadano e interinstitucional) y estaría sectorizado a la Secretaría de Economía.

jose.reyes@eleconomista.mx