Desde que inició la pandemia de coronavirus, organizaciones sociales han documentado diversas violaciones a derechos humanos de migrantes y refugiados.

A través del informe sobre los efectos de la pandemia de Covid-19 en las personas migrantes y refugiadas, organizaciones como Fundación para la Justicia, Sin Fronteras IAP, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos advirtieron que se identificó que las estaciones migratorias no cuentan con servicio médico las 24 horas; faltan chequeos de temperatura frecuentes; hay hacinamiento; aunando a que el suministro de jabón es muy limitado y se registra la falta de agua, cubrebocas y otros insumos.

Las ONG encontraron también que las mujeres migrantes tuvieron barreras en el acceso a anticonceptivos de emergencia, interrupción del embarazo y cuidados maternos y, que durante el periodo de contingencia, no ha cesado la detención de migrantes.

Se recordó que la carencia en la prevención del contagio de Covid-19 y de habitabilidad al interior de los centros migratorios detonó múltiples protestas, motines e incendios que pusieron en riesgo la vida y salud de las personas privadas de la libertad.

Estos hechos, se lee en el documento, ocasionaron la muerte de Rolando Barrientos en la estación migratoria de Tenosique, Tabasco, en marzo pasado.

El informe consideró que el gobierno federal ha desarrollado políticas para evitar el contagio del virus, mismas que no se aplican a refugiados y migrantes.

En el documento se añadió que por dicha situación se interpusieron ocho juicios de amparos en seis ciudades: Tenosique, Tabasco; Tapachula, Chiapas; Acayucan, Veracruz; Monterrey, Nuevo León; CDMX; y Tijuana, Baja California.

En la mayor parte de los casos, advirtió el informe, la actuación del poder Judicial no fue satisfactoria ya que “las autoridades demandadas siguen obstaculizando el acceso a la información a través de escuetos informes de cumplimiento de las medidas cautelares, negando los actos reclamados e incumpliendo las órdenes judiciales decretadas”, acusaron.

maritza.perez@eleconomista.mx