El clima de violencia en Guanajuato no parece mejorar y la estrategia de combate a los grupos delictivos, según expertos, tampoco parece clara.

Entre enero y abril pasados fueron asesinadas 1,237 personas, equivalentes a al menos un asesinato cada dos horas en los primeros cuatro meses del año, una cifra récord de víctimas desde el 2015, cuando comenzaron los registros en la materia por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Pese a que en abril pasado se registró una leve baja en el número de víctimas de homicidio doloso (290) en comparación con el mes de marzo (314), al cotejar las cifras de los primeros cuatro meses de este año con el mismo periodo del 2018, cuando se contabilizaron 1,004 víctimas de asesinatos, se observa un aumento de 23.2 por ciento.

La violencia homicida ha estado también focalizada en elementos de policías locales. 

Según el conteo de policías asesinados que lleva a cabo la organización civil Causa en Común, Guanajuato es la entidad más mortífera, hasta ahora, para los uniformados entre las 32 entidades, con al menos 14 homicidios de policías, la mayoría municipales, de enero a la fecha. 

Robo de combustible

Las tomas clandestinas registradas a ductos de Pemex se mantienen también como uno de los problemas prioritarios a resolver en la entidad. 

De acuerdo con registros de la petrolera nacional, divulgados vía transparencia a un ciudadano en la solicitud con folio 1857000035519, entre enero y hasta el 24 de abril pasado se habían registrado en la entidad 569 tomas clandestinas, número que coloca a Guanajuato como la cuarta entidad con mayor incidencia entre los 24 estados en los que Pemex tenía registros de tomas ilícitas hasta dicha fecha.

Los municipios con mayor incidencia de tomas ilegales son, en primer, lugar Villagrán (89 tomas), en segundo, Irapuato (74), y en tercer lugar, se ubicó Salamanca (73). 

Los tres municipios se consideran parte del territorio de actuación del Cártel Santa Rosa de Lima, grupo delictivo liderado por José Antonio Yépez Ortiz, alias el Marro, por quien el gobierno federal desplegó un operativo cuyo objetivo es la desintegración de la agrupación delictiva y la detención del criminal, sin tener hasta ahora éxito.

En este tenor, la efectividad para procesar casos de huachicoleo en la entidad ha sido acotada. 

Según datos de la Fiscalía General de la República entregados a un ciudadano vía transparencia y plasmados en el oficio FGR/UTAG/DG/003184/2019, hasta el 16 de mayo pasado se habían iniciado 296 carpetas de investigación por robo de hidrocarburos en Guanajuato. 

Del total de las carpetas de investigación, se había detenido a 27 personas y, en general, se había judicializado apenas 11 casos.

Estrategia local y federal  

Especialistas señalan que, pese a ser Guanajuato uno de los estados prioritarios en materia de seguridad pública, con el despliegue de la Guardia Nacional, no hay una estrategia clara para pacificar la entidad y acabar con el robo de combustible.

“Yo no podría llamar (...) (que hay) una estrategia a nivel federal, ni de una estrategia aterrizada en Guanajuato, lo que veo son decisiones u ocurrencias sin un contexto, sin una metodología y sin metas, objetivos”, afirmó Juan Miguel Alcántara Soria, exprocurador de Guanajuato y extitular del SESNSP.

El exprocurador refirió que el robo de combustible lleva décadas sucediendo en Guanajuato, primero desde el interior de la refinería ubicada en el municipio de Salamanca desde los años 50.

No obstante, refirió que el robo de combustible en el que operan grupos delictivos y ciudadanos comenzó a dispararse a partir del 2016, en la presidencia de Enrique Peña Nieto.

“Se multiplica por tres o hasta casi cuatro el número de tomas clandestinas diarias y eso hizo que dentro de los 13 cárteles que funcionan en el estado de Guanajuato, tres de ellos se siguen disputando la hegemonía en el aprovechamiento de esos ductos de Pemex y son el Cártel Jalisco Nueva Generación, Santa Rosa de Lima y la Unión”, expuso.

Alcántara Soria estimó que, desde el 2016, alrededor de 65% del total de los delitos, como asesinatos, ejecuciones y extorsiones, entre otros que se han cometido desde entonces, está relacionado con el robo de combustible. 

Asimismo, refirió que ha existido omisión por parte del gobierno estatal —encabezado en la actualidad por el panista Diego Sinhue— para trabajar con los municipios y prevenir el robo de combustible por pobladores de comunidades asentadas sobre los ductos de Pemex, en donde regularmente se presentan las tomas clandestinas. 

Por su parte, el especialista en seguridad Pablo Girault indicó que Guanajuato afronta una guerra entre cárteles por el control del territorio. 

“Lo que necesitas para acabar con eso es primero entender la naturaleza de la criminalidad, tratar de detener esa naturaleza, luego tratar de convencer a la población de que se ponga de tu lado y te dé la información y eso se logra teniendo policías comunitarias a las cuales la gente les tenga confianza, y entre y detenga las causas de la criminalidad”, expresó.

Girault destacó que, en caso de no atacarse las causas, no se podrán tener resultados duraderos. 

El secretario Alfonso Durazo ha dicho que Guanajuato está dividido en nueve regiones en las que actúa la Guardia Nacional.