La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que de los 42 civiles muertos en Tanhuato, Michoacán, durante un operativo de la Policía Federal, 22 de ellos fueron ejecutados arbitrariamente y otros cuatro por uso excesivo de la fuerza.

Al presentar la Recomendación por Violaciones Graves a los Derechos Humanos 4VG/2016, el ombudsman, Luis Raúl González Pérez, dijo que las violaciones a los derechos fundamentales acreditadas no sólo implicaron actuaciones en contra de la ley , sino que además se verificaron conductas que dificultan que en el presente asunto haya un efectivo acceso a la justicia y se pueda llegar a la verdad .

Y es que, de acuerdo con la investigación de la CNDH, se manipularon elementos y evidencias, alterando las condiciones que permitirían realizar las indagatorias correspondientes por la vía penal y deslindar responsabilidades.

Como consecuencia de ello, en el caso de 15 personas fallecidas, este organismo nacional no contó con los elementos técnicos para determinar las circunstancias en que perdieron la vida , expuso.

Los hechos del 22 de mayo del 2015 en el Rancho El Sol, donde murieron 42 civiles y un Policía Federal, un uniformado más resultó herido y fueron detenidas tres personas, ocurrieron dos meses después de que presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) emboscaron a miembros de la División de Gendarmería en Ocotlán, Jalisco, matando a cinco agentes y dos civiles.

Al detallar el documento, el primer visitador, Ismael Eslava, dijo que de los 42 civiles muertos, 40 fallecieron por arma de fuego, uno de ellos expuesto al fuego directo aún con vida, uno más carbonizado y otro atropellado.

Refirió que las 22 personas ejecutadas arbitrariamente recibieron los disparos a una distancia mayor a 90 centímetros, advirtiendo que en 13 de los casos las víctimas se encontraban de espaldas, 5 recibieron disparos desde un helicóptero, una más expuesta a fuego directo estando aún con vida y tres más que fueron asesinadas a pesar de estar sometidas.

Este organismo contó con evidencias para establecer que las armas de fuego que se asociaron a 11 víctimas les fueron colocadas deliberadamente, además de que a 2 cadáveres no se les asociaron armas de fuego, lo que permite establecer indiciariamente que 13 víctimas se encontraban desarmadas , agregó.

Asimismo, advirtió que la intención de los elementos de la Policía Federal no fue la de inmovilizar o persuadir a las víctimas, sino que con su actuar causaron un daño irreparable a la vida.

La CNDH evidenció la tortura de dos de los detenidos, a quienes los elementos policiacos obligaron a presenciar algunas circunstancias de la ejecución de tres personas , además de ser agredidos físicamente.

El organismo precisó que hubo falta de veracidad en los informes que proporcionó la Policía Federal sobre los hechos ocurridos en Tanhuato, además de que el operativo se desarrolló mientras las víctimas estaban durmiendo, contrario a la versión oficial.

En este sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó al comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, colaborar con la investigación ministerial. Así como reparar los daños ocasionados a las familias de las 22 víctimas de ejecución arbitraria, a las de tortura, además de las otras 15 personas fallecidas por arma de fuego y una más atropellada, de acreditarse el uso excesivo de la fuerza.

Otras recomendaciones

  1. En noviembre del 2015, la CNDH emitió la Recomendación 3VG/2015 por violaciones graves a los derechos humanos ocurridas en Apatzingán, Michoacán, en la que acreditó uso excesivo de la fuerza de elementos de la Policía Federal, que derivó en la muerte de cinco personas y en la ejecución extrajudicial de una más.
  2. El 20 de junio del 2014 un supuesto enfrentamiento entre elementos del Ejército y presuntos delincuentes, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, dejo como saldo 22 personas muertas. La CNDH concluyó en su Recomendación 51/2014 que 15 de ellas fueron ejecutadas a pesar de haberse rendido.
  3. La primer recomendación por violaciones graves que emitió la CNDH fue la 1VG en el 2012, dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública y al gobierno de Guerrero, por los hechos ocurridos en Chilpancingo, en diciembre del 2011, donde murieron por impacto de bala dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, durante un desalojo policial en la Autopista del Sol.