Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal, expertos aseguraron que con esto no se le quitaron herramientas a la Fiscalía General de la República (FGR) para realizar su trabajo.

Alberto Nava, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales detalló que el reto para la Procuraduría Fiscal así como para la FGR no radica tanto en probar o no un delito, sino acreditar si la persona podría darse a la fuga o no.

“Eso es lo que la SCJN está dejando abierto para determinados jueces, está mandando el mensaje: oigan no estoy cancelando que haya una prisión preventiva justificada si ustedes me señalan que las personas tienen boletos de avión, pasaporte, etcétera (que puedan usar para evadir la justicia)”, señaló.

Por su parte, Jorge Lara Rivera, catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) comentó que para que el Ministerio Público pueda solicitar la prisión preventiva a un juez, se tiene que demostrar que otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar la comparecencia del imputado, es decir, existe un riesgo de fuga.

Además de que la persona ponga en peligro o pueda vulnerar los derechos de la víctima y que cumpla con sus obligaciones dentro del proceso y que no estorbe a la investigación. Lo anterior según el Artículo 19 de la Constitución.

La autoridad tendrá la responsabilidad de comprobarle al juez que el imputado tiene riesgo de fuga o capacidad económica para eludir sus obligaciones ante la ley, que se pueda ocultar, etcétera”, indicó Alberto Nava.

Armas de la fiscalía

Sostuvo que no se le están quitando “armas” a la FGR debido a que en los grandes casos, ésta tendrá “material” para justificar por qué una persona debe de enfrentar un proceso en prisión, “pero no todas, ese es el punto, que no sea la regla con personas que pueden no significar un peligro para la sociedad”.

Con lo anterior concordó, el catedrático del Inacipe, explicó que existen políticas, herramientas e instrumentos que deben ser correctamente proporcionales para evitar toda clase de evasión y defraudación.

“Ya hay herramientas no punitivas para remediar el fenómeno terrible que nos pesa como país de la defraudación fiscal y es cuestión que tengamos unas autoridades que los utilicen correctamente. Que haya una correcta coordinación entre Procuraduría Fiscal, Ministerio Público y cuando se amerite UIF, etcétera”, refirió.

El catedrático del Inacipe recordó estos delitos pasan antes por SAT y la Procuraduría Fiscal por lo que ya llegan “muchas veces muy trabajados, pero de todas maneras eso no es lo que toma el juez para la medida cautelar, son específicamente estos puntos, ni si quiera si se convirtió o no el delito, sino que existan estos puntos que acabamos de señalar”.

Pobres, los más afectados por prisión oficiosa: Arturo Zaldívar

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador fustigó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya invalidado la prisión preventiva oficiosa por delitos de contrabando, falsificación de facturas y fraude fiscal, al considerar que beneficia a “delincuentes de cuello blanco”, el ministro Arturo Zaldívar respondió que esa medida cautelar afecta más a las personas de escasos recursos.  

“La mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. Se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza. Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional”, dijo el titular del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Previamente, en su conferencia, López Obrador consideró que esa resolución beneficia a “delincuentes de cuello blanco. Sin embargo, manifestó que, pese a su voto en favor de esta resolución, considera que el ministro Arturo Zaldívar es el único que puede llevar a cabo la transformación del Poder Judicial de la Federación.

ivan.rodriguez@eleconomista.mx