Un artículo de opinión de 704 palabras puede convertirse en la pieza periodística más cara de la historia en México si el Poder Judicial confirma una sentencia que ordena a su autor, el académico Sergio Aguayo Quezada, a pagar 10 millones de pesos como reparación del daño por la afectación al honor que supuestamente se provocó al político priísta Humberto Moreira Valdés.

El artículo de Aguayo se publicó el 20 de enero de 2016. Moreira, el principal aludido en la pieza periodística y a quien se le adjudica un hedor corrupto", acudió a los tribunales para defender su honor. Cuatro años después, Aguayo ha perdido su defensa en la segunda instancia y, la semana pasada, tuvo que pagar 450,000 pesos como fianza mientras el caso se resuelve en la Suprema Corte.

Moreira vs. Aguayo ha encendido las luces de alerta en el gremio periodístico por el precedente que puede sentar en la relación entre periodistas y personajes públicos. Además, ha puesto de manifiesto irregularidades cometidas durante el proceso, denunciadas por la defensa y organizaciones de la sociedad civil. También abrió una discusión sobre las leyes que regulan el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho al honor; sobre la necesidad de legislar en la materia, y sobre la manera en que se imparte justicia en México.

El honor de Humberto Moreira

Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, demandó Sergio Aguayo en la Ciudad de México, molesto por el artículo del académico que, entre otras cosas, decía esto sobre él: “Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”.

En primera instancia, el juez décimo sexto en materia civil, Francisco Castillo González, con base en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en la Ciudad de México, absolvió a Sergio Aguayo el 26 de marzo de 2019 del pago de 10 millones de pesos al concluir que el académico no tuvo la intención de insultar, calumniar o injuriar a Moreira.

Moreira se inconformó y recurrió a una segunda instancia. Y el 11 de octubre de 2019 se le notificó a Sergio Aguayo una nueva sentencia de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, presidida por Francisco José Huber Olea Contró e integrada por los magistrados Delia Rosey Puebla y Miguel Ángel Mesa Carrillo, que revocaba la resolución de Castillo González y se le obligaba a pagar 10 millones de pesos para reparar el daño al honor de Moreira.

Suponiendo que la Suprema Corte confirma esta segunda sentencia, ¿el honor del exgobernador de Coahuila vale 10 millones de pesos? Para responder la pregunta hay que empezar por lo primero: ¿es una sanción legal?

¿Es proporcionada?

Las irregularidades, dice la defensa de Aguayo, comienzan con una elección equivocada de las leyes y artículos relacionados con el tema a juzgar. El abogado defensor de Aguayo, Héctor Beristaín Souza, considera que el asunto es irregular. Los magistrados de la Sexta Sala, dijo, basaron su sentencia en el Código Civil para la Ciudad de México, cuando debieron juzgarle bajo la Ley de Responsabilidad Civil, publicada en 2006.

Lo peor: los magistrados condenaron a Aguayo invocando el los 1916 y 1916 bis del Código Civil, que regulaban el daño moral por abusos de la libertad de expresión y fueron derogados en 2006. En derecho hay un principio que dice que ley nueva especial en la materia deroga a la anterior, incluso aunque no haya disposición expresa.

Algo todavía peor: en opinión del abogado, resulta increíble que sancionaron con 10 millones de pesos —como fue la pretensión original de Moreira desde su escrito inicial de demanda—, un monto que se aleja de lo establecido en el artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil, que dice que en caso de ser responsable por un abuso del derecho de libertad de expresión la sanción es de alrededor de 25,000 pesos... como máximo.

El magistrado Huber Olea Contró

La defensa de Sergio Aguayo ha solicitado al Consejo de la Judicatura el cese del magistrado Francisco José Huber Olea Contró, titular de la Sexta Sala del tribunal capitalino, al señalarlo de actos de corrupción. Además, alega un conflicto de interés: Rubén Moreira, hermano de Humberto Moreira y su sucesor como gobernador de Coahuila, obsequió una notaría a un hermano del magistrado Huber Olea Contró, Jean Paul Huber Olea Contró.

El magistrado, dice la defensa, estaba obligado a excusarse de conocer Moreira vs. Aguayo; Han sido años de incertidumbre y nada de lo que hicieran mis abogados, así como Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19 y otras organizaciones que me han apoyado, nada servía, porque el Poder Judicial de la Ciudad de México seguía fallando en mi contra, demostrando la existencia de una red de complicidad entre algunos jueces y magistrados de la capital con el profesor Humberto Moreira, dijo Aguayo, entrevistado vía telefónica pues se encuentra en España cumpliendo un viaje de trabajo.

El caso será analizado por la Suprema Corte, que el 29 de enero anunció su atracción por la Primera Sala.

Para el académico la atracción de su caso por la Suprema Corte lo tiene “no confiado, pero sí tranquilo” de que finalmente, después de cuatro años, va a tener un juez que va a revisar de manera objetiva, profesional y rigurosa la evidencia para dar una opinión sobre si agredió el derecho al honor de Moreira o si, por el contrario, fue un pretexto para acosarlo “por el delito de investigar la violencia en el estado de Coahuila”.

Para Beristaín Souza es alentador que la Suprema Corte atrajera el caso, pues considera que el máximo tribunal ha sido consistente en beneficiar los derechos de libertad de expresión y de libertad de prensa sobre los derechos del honor tratándose de figuras públicas, además de que el doctor Aguayo Quezada cumplió con los requisitos de veracidad cuando hizo publicó el comentario por el cual lo condenó el tribunal sexto de los civil de la capital del país.

Los 10 millones de pesos

Sara Mendiola, directora ejecutiva de la organización civil Propuesta Cívica, consideró que la sentencia que obliga a Aguayo a pagar 10 millones de pesos es irrisoria. En una lógica de debate público democrático, dijo, los periodistas tienen la libertad de investigar y comunicar a la comunidad hechos relevantes y la sociedad tiene el derecho a estar informada de diversas fuentes y desde diversas opiniones.

Si alguna persona se siente agraviada por lo que manifieste un periodista en un medio de comunicación, existen mecanismos como el derecho de réplica para la rectificación, lo cual debería ser un mecanismo obligatorio antes de entablar una demanda por daño moral.

La sentencia contra Aguayo es corrupta e ilegal, dijo Mendiola, porque el magistrado tergiversa los estándares jurisprudenciales, tuerce el derecho y genera argumentaciones falaces para sustentan su condena.

“Sergio Aguayo estaba ejerciendo su libertad de expresión, pero no estaba difamando a Moreira, en la medida en que sus opiniones estaban fundamentadas en hechos”, dijo Carlos Bravo Regidor, coordinador de la maestría en periodismo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Esto es una señal de que el Poder Judicial, cuya existencia se justifica en la protección de los derechos, también puede voltearse y convertirse en un arma de silenciamiento, no solamente contra los periodistas, sino contra cualquier ciudadano. Esa es la gravedad del episodio de Sergio Aguayo, dijo Bravo Regidor.

En opinión de este académico del CIDE no estamos ante la necesidad de reformar las leyes, sino de revisar la manera de elegir a quienes las interpretan y las aplican. “El problema no son las leyes, el problema es el juez y la impunidad con la que puede actuar”.

Dijo que, si bien la Suprema Corte ha reaccionado y podría atraer el caso, sí suena alarmante que la Corte tenga que salir a evitar un abuso que no tendría que haber ocurrido en primera instancia.

El proceso está abierto. Falta saber si la Suprema Corte ratifica o anula la sentencia millonaria contra Aguayo, pero, sobre todo, si se confirma o no que el honor de Moreira vale 10 millones de pesos. Como dice el título del artículo en controversia: “hay que esperar”.