Corte reduce el margen de maniobra para el PEF 2019

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de congelar la ley que pretende recortar los salarios a los servidores públicos, reduciría el margen de maniobra para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2019, expusieron analistas.

El viernes 7 de diciembre, la SCJN suspendió la aplicación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual fue publicada el pasado 5 de noviembre y estipula que ningún funcionario puede ganar más que el presidente. La decisión se debió a la admisión del trámite de inconstitucionalidad de la ley a través de amparos, promovidos por senadores de la oposición y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Los amparos fueron presentados por senadores del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano e independientes. Además de los senadores que interpusieron la acción de inconstitucionalidad, la CNDH presentó una acción en el mismo sentido al considerar que la normativa iba en contra de la misma Constitución, así como en contra de lo estipulado en acuerdos internacionales de los cuales México es signatario.

Al corte de este lunes a las 4 de la tarde, de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, sumaban un total de 1,056 amparos colectivos, en donde están involucrados 4,676 funcionarios. De esta cifra, 354 son jueces, 386 son magistrados, 1,579 son secretarios, 353 son actuarios, 872 son oficiales y 738 restantes de otras dependencias, como Pemex, Cofece, PGR, IPN, CFE, Cisen, INE, SAT, entre otros.

“Evidentemente, el amparo va a ser para declarar que la ley de remuneraciones va en contra de la Constitución, lo cual podría afectar el ahorro que se está estimando por parte del gobierno para el gasto del próximo año”, refirió Juan de la Cruz, socio director de JCH Abogados.

Por lo anterior, refirió Mario Di Costanzo Armenta, asesor financiero, afectará el gasto público que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador estimaba tener para sus nuevos programas sociales y cumplir con sus promesas de campaña.

Explicó que ante la decisión de la SCJN, el gobierno deberá mandar el Paquete Económico 2019 acatando los sueldos que se estipularon en el PEF 2018 a aquellos funcionarios que se ampararon.

“Esto va a quitar un espacio presupuestal para los programas que propuso. Dicho impacto sería de aproximadamente 100,000 millones de pesos”, estimó el también expresidente de la Condusef.

Anteriormente, López Obrador refirió que pese a que parte del presupuesto está comprometido en el pago de la deuda, pensiones y nómina, se tendrá un ahorro de hasta 500,000 millones de pesos para impulsar los diferentes proyectos que prometió.

Por su parte, Juan de la Cruz, socio director de JCH abogados, añadió que si bien el freno de esta ley impactaría las estimaciones de gasto y ahorro para el próximo año es probable que el impacto sea menor al que pudiera generar el desembolso de indemnizaciones por la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

Diputados, con la última palabra

Di Costanzo Armenta indicó que, en todo caso, los diputados son los que decidirán al final y harán los ajustes necesarios en los salarios de los funcionarios; no obstante, deberán ser cuidadosos para no controvertir el PEF.

“El PEF se debe presentar con los salarios del año pasado y la Cámara de Diputados, en todo caso, hará los ajustes necesarios para ver qué se puede reasignar y qué no. Los sueldos quedan en manos de los diputados. La cámara en todo caso podría intentar un replanteamiento de los sueldos con mucho cuidado, para no dar pie a que se pueda controvertir el presupuesto”, refirió.

En este sentido, Manuel Baltazar, director general de México Fiscal, refirió que mientras los amparos se resuelvan, la ley no podrá aplicarse a los trabajadores que los interpusieron, por lo cual sus salarios deben estar contemplados en el PEF.

Cuidar los programas sociales

Ante el impacto en el presupuesto, los analistas refirieron que es importante que el gobierno tome en cuenta qué programas sociales, de los que anunció, son los más importantes e inmediatos, para poder canalizar los recursos de manera apropiada.

“Que se sigan pagando los salarios mientras se resuelve lo de los amparos va a limitar el dinero que se destine a cualquier programa social y eso es algo que se debe analizar detenidamente”, planteó Manuel Baltazar Rodríguez.

En este sentido, Mario Di Costanzo recomendó, incluso, que el gobierno impulse sus programas de una manera no tan ambiciosa, es decir, que recorte un poco del presupuesto que se tenía pensado destinarles.

En su momento, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social informó que en México están vigentes alrededor de 6,500 programas sociales, en donde algunos se llegan a multiplicar o duplicar.

Por ello, refirió que es importante que el nuevo gobierno analice cuáles programas sociales se pueden complementar con los propuestos por López Obrador,cuáles se pueden eliminar y cuáles se pueden recortar.