Contra corrupción, servidores deben declarar sus bienes

Desde hace aproximadamente una década, México asumió compromisos internacionales en materia de combate a la corrupción. Sin embargo, aún hay pendientes por atender.

Desde el 2003, en la administración de Vicente Fox, México es parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Con el documento internacional, el país se comprometió a aplicar políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción, que promuevan la participación de la sociedad. También a fomentar prácticas para prevenir la corrupción; evaluar las leyes y las medidas legales, para determinar si son adecuadas.

También asumió la tarea de colaborar con organizaciones internacionales y regionales en la formulación de medidas anticorrupción; así como garantizar la existencia de un órgano encargado de prevenir la corrupción (de ahí nació el IFAI). La contratación de funcionarios debe ser transparente; México está obligado a adoptar sistemas de contratación de empleados públicos basados en principios de eficiencia y transparencia, así como en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud.

Establecer medidas y sistemas para exigir a funcionarios públicos que hagan declaraciones ante autoridades competentes sobre otros empleos, inversiones, regalos o beneficios para evitar conflicto de intereses, es otra tarea asumida. Asimismo, el gobierno debe adoptar medidas para aumentar la transparencia en su administración pública; aplicar regulaciones para reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción entre los integrantes del Poder Judicial, así como fomentar la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector público en la prevención y lucha contra la corrupción, para sensibilizar sobre la existencia, las causas y la gravedad del problema.

La Convención de Naciones Unidas también obliga a México a establecer un amplio régimen de reglamentación y supervisión para prevenir el lavado de dinero y estipular medidas legislativas para la tipificación de delitos vinculados a la corrupción.

OBJETIVO

Su objetivo es que los países integrantes promuevan y fortalezcan medidas para prevenir y combatir la corrupción; apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha del flagelo; así como promover la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.

Dicho tratado se firmó en Yucatán, México, por lo cual también se le conoce como la Convención de Mérida.

La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción incluye medidas preventivas que deben adoptar los países miembros (140 firmantes y 27 adicionados). En la exposición de motivos, manifiestan su preocupación por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y la seguridad.

Advierten sobre los vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la económica, incluido el lavado de dinero y los casos de corrupción que entrañan vastas cantidades de activos , los cuales pueden constituir una proporción importante de los recursos de las naciones.

Convencidos de que la corrupción ha dejado de ser un problema local para convertirse en un fenómeno trasnacional que afecta a todas las sociedades y economías, lo que hace esencial la cooperación internacional para prevenirla y luchar contra ella.

Convencidos también de que se requiere un enfoque amplio y multidisciplinario para prevenir y combatir eficazmente la corrupción.

Convencidos, asimismo, de que la disponibilidad de asistencia técnica puede desempeñar un papel importante para que los estados estén en mejores condiciones de poder prevenir y combatir eficazmente la corrupción, entre otras cosas fortaleciendo sus capacidades y creando instituciones , se lee en la exposición de motivos.

Los países firmantes también refieren que el enriquecimiento personal ilícito puede ser particularmente nocivo para las instituciones democráticas, las economías nacionales y el imperio de la ley.

Asimismo, las naciones manifiestan su decisión de prevenir, detectar y disuadir con mayor eficacia las transferencias internacionales de activos adquiridos ilícitamente y a fortalecer la cooperación internacional para la recuperación de activos, reconociendo los principios fundamentales del debido proceso en los procesos penales y en los procedimientos civiles o administrativos sobre derechos de propiedad.

mauricio.rubi@eleconomista.mx