La administración de Enrique Peña Nieto llegó al cierre ordinario de sesiones del Congreso con un pendiente de 17 iniciativas sin aprobar, de las cuales siete fueron presentadas para que pudieran procesarse de agosto a diciembre del 2015, es decir, en ese mismo periodo.

En la llamada congeladora están pendientes de dictaminar dos iniciativas del Ejecutivo desde septiembre del 2013. Las iniciativas plantean que sea por mandato constitucional la entrega de una pensión para adultos mayores y para la expedición de una Ley de Pensión Universal y la Ley del Seguro de Desempleo.

En octubre del 2013 se presentaron tres iniciativas y que están pendientes: para penalizar la desaparición forzada de personas; regular la suspensión de determinados derechos y garantías en el país; y reglamentar la expulsión de personas extranjeras de territorio nacional.

Del año 2014 están pendientes cuatro iniciativas, que buscan la creación de un Mando Único Policial Estatal y la intervención del gobierno federal ante infiltraciones del crimen organizado en municipios; la expedición de la Ley de la Fiscalía General de la República; reformas para reestructurar el Fonacot; y un proyecto que busca agilizar los trámites y procesos para la contratación y realización de obra pública.

En este 2015 se han quedado pendientes de aprobar ocho iniciativas, entre las que se incluyen regular el otorgamiento de títulos de concesión o resolución de prórrogas en materia de caminos, puentes, autotransporte federal, puertos, aeropuertos y del servicio ferroviario; así como expedir la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; eliminar el ?PensionISSSTE; aprobar la operación de Zonas Económicas Especiales, y dos iniciativas sobre desaparición forzada y tortura.