A pesar de que en el discurso presidencial se menciona que hay una estrategia para el combate a la corrupción en el país, expertos consideraron que no han existido avances en los últimos años al no atacarse las causas estructurales e institucionales del problema.

“Estamos un poco estancados muy a pesar de lo que diga el discurso oficial, la verdad es que los datos muestran es que la percepción de la corrupción en México sigue siendo muy alta tanto en la medición nacional como en la internacional”, sostuvo Fernando Nieto, profesor e investigador del Colegio de México (Colmex).

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del 2019 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que 87 de cada 100 mexicanos piensa que la corrupción ocurre frecuentemente o muy frecuentemente en el país.            

Además, en dicho informe, se registró que la tasa de incidencia de actos de corrupción por cada 100,000 habitantes fue 19.2 % mayor a la registrada en el 2017, al pasar de 25,541 casos a 30,456.

Mientras que la tasa de prevalencia de las víctimas de corrupción también creció en 7.5%, al pasar de 14,636 víctimas por cada 100,000 habitantes en el 2017 a 15,732 en el 2019.

La encuesta del Inegi también estimó que a nivel nacional, el costo total de los actos de corrupción ascendió a 12,769 millones de pesos en el 2019 (3,822 pesos promedio por persona afectada). Dicha cifra total, representó un aumento de 64% con respecto al 2017 cuando era de 7,780 millones de pesos.

“Por lo que respecta a la experiencia directa, qué tanto la gente reporta que fue víctima o participó en un acto con agentes del Estado, tenemos una tendencia creciente desde el 2013 que no se ha frenado. Ante la ausencia de políticas más efectivas pues sospecho que el problema no se ha solucionado, sino que muy probablemente se está agravando”, opinó Fernando Nieto.

Por su parte, Alberto Martín Esquivel, académico en la maestría en Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, mencionó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) no trabaja con base en gestión de riesgos.

“Dicho de otra manera, llevamos años haciendo auditorías desde la ASF (Auditoría Superior de la Federación) y la SFP, tenemos información importante de incidentes que tiene el actuar del servidor público, no hemos visto que haya una contención, es decir, que empiecen a establecer la figura de corrupción y se ponga control, entonces tenemos un discurso muy bonito, pero en la realidad es que no hemos sido efectivos en el combate”, manifestó.

Caso Lozoya

Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, señalado por recibir sobornos de Odebrecht, es uno de los casos más emblemáticos del flagelo, no obstante, los expertos coincidieron en que no han existido avances.

Ha pasado más de un año desde que Lozoya fue extraditado de España a México, no obstante, aún no se ha definido su situación jurídica, es decir, si se encarcela o se le otorga un criterio de oportunidad por la información que otorgue sobre otros altos funcionarios del sexenio anterior que estarían implicados en los sobornos, y entre los que estaría el mismo expresidente Enrique Peña Nieto.   

“No han existido estas grandes condenas, no estamos metiendo a los corruptos (a la cárcel) y aún si lo hiciéramos no estamos atacando las causas que dieron lugar a las oportunidades para que esta gente cometiera actos de corrupción”, comentó el investigador del Colmex, Fernando Nieto.

Otro de los aspectos importantes que valoraron los especialistas fue que la actual administración dejó en el abandono al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

“Creo que el combate a la corrupción es muy débil, nuestro SNA no está funcionando porque simplemente en esta administración no se le ha dado recursos y tampoco credibilidad, esa fuerza que necesita un sistema de éstos para funcionar”, dijo Martín Esquivel.

ivan.rodriguez@eleconomista.mx