Si bien el 2012 fue un buen año en términos de implementación de la reforma de procedimiento penal, establecida en el 2008, se mantienen la percepción pública de que es demasiado protectora de los derechos del acusado, es decir, ante los ojos de la sociedad, resulta blanda con el crimen , reveló el estudio elaborado por Matthew Ingram, miembro del centro de investigaciones Wilson Center.

Aunado a esto, la resistencia a la reforma sigue emanando con mayor fuerza de la cúpula del sistema judicial, que presenta resistencias a este cambio porque la transformación del procedimiento resulta un desafío a su estatus y prestigio, refiere el documento titulado Reforma Procesal Penal en México: ¿Dónde están las cosas ahora?

Al finalizar el año pasado, 22 estados, 67% del total, han aprobado la legislación necesaria para su aplicación, y 12 estados, es decir, 38%, cuentan con nuevos sistemas parcialmente operativos.

Además, en el 2013, al menos cinco estados más en los que el Código de Procedimientos Penales está aprobado podrán en vigor esta ley. Chihuahua continúa marcando el ritmo, con casi 100% de casos con el nuevo sistema penal. Coahuila, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas, Tlaxcala y Michoacán han aplazado su aplicación para el 2014.

El profesor investigador de la Universidad de Albany, que desarrolló el documento, considera que otro de los problemas principales para implementar esta nueva ley es el tema financiero pues no se ha podido establecer un presupuesto adecuado debido a las crisis económicas a nivel mundial. Una iniciativa de presupuesto nacional para su aplicación ha estado pendiente desde el 2011.

En diciembre del 2012l el presidente Enrique Peña Nieto manifestó su interés para promover un código único y unificado, lo que generaría una clasificación uniforme de los delitos en todo el país y la eliminación de los códigos estatales aprobados y ejecutados durante los últimos seis años.

Además, Peña Nieto planea la centralización de diversos poderes, entre ellos la seguridad pública y la seguridad interna, en el ya poderoso Ministerio del Interior (Secretaría de Gobernación). La centralización legal, reflejada en el nuevo impulso para unificar los códigos penales, no es, para el investigador, necesariamente irracional, pero corre el riesgo de ignorar o pasar por alto las mejores prácticas y experiencias en cada uno de los estados reformados, al menos en los 12 en el que el nuevo sistema ya opera, al menos parcialmente.

Si esta unificación sigue adelante, debe hacerse basándose en una evaluación cuidadosa de las mejores prácticas y las lecciones aprendidas en cada uno de los estados líderes y tomarse medidas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas con el fin de disipar los temores sobre el regreso de una Segob todopoderosa y evitar abusos.

Esta reforma ha generado debates tales como el rol de fuerzas del orden respecto de moverse del modelo de policías que reaccionan, hacia programas diseñados a prevenir el delito y a evitar que los jóvenes se vuelvan delincuentes. Muchos de los operadores del sistema de justicia piensan en la prevención en términos de impedir que ocurra un crimen inminente. En contraste, Matthew Ingram expone que un concepto más sólido del término prevención significa no permitir un comportamiento antisocial y criminal en general.

Tomando al crimen organizado como ejemplo, el investigador cuestiona sobre si el sistema de justicia debería jugar un rol únicamente en respuesta al crimen planeado y cometido por estas organizaciones o si éstas tienen un papel para prevenir a los individuos de ser cooptados por este tipo de células delictivas.

El autor advierte que la ausencia de un término más serio y completo de lo que significa la prevención dentro de las reformas de justicia en México ha sido ampliamente criticado, especialmente hacia las fuerzas de seguridad y orden, quienes ven al modelo más completo de prevención del delito como una responsabilidad de la sociedad civil, y las organizaciones no gubernamentales.

El investigador concluye que persiste la escasa disponibilidad de datos, lo que dificulta la evaluación del progreso de la reforma. Por lo tanto, un mayor énfasis debe colocarse en el desarrollo de la capacidad institucional en cada jurisdicción para generar, analizar y difundir datos sistemáticos.

A DETALLE

  • El 18 de junio del 2008,  una reforma federal en México planteó un paquete de cambios al sistema de justicia criminal, cubriendo 33 jurisdicciones: el sistema de justicia federal y las 32 entidades del país.
  • La demora en hacer del nuevo sistema de justicia algo operacional está generando preocupación entre los observadores de la reforma. El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación articuló esta inquietud indicando que únicamente tres estados han implementado de manera completa esta reforma: Chihuahua, Estado de México y Morelos.
  • Encabezando la lista de líderes en implementar esta reforma se ubica el estado de Chihuahua.
  • Baja California, Durango, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas son entidades que también se encuentran impulsando la reforma. 

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