A nueve años del incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, que dejó 49 menores muertos y decenas de heridos, aunque existen sentencias en contra de 19 personas responsables, ninguno de ellos está en la cárcel.

Amparos promovidos por familiares de las víctimas y los presuntos responsables ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantienen en vilo a ambas partes y los clamores de justicia de los padres de las niñas y niños tendrán que esperar a que se pronuncie el máximo tribunal de nuestro país.

José Francisco García, padre de Andrés Alonso García Duarte, dijo en entrevista que aunque esté la sentencia por homicidio y lesiones culposas, se sobreseyó el proceso en contra de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, Gildardo Urquides Serrano y Sandra Lucía Téllez, dueños de la guardería, bajo el argumento de que ellos “no tenían deber de cuidado”.

“De 22 que estaban por recibir sentencia, sólo quedaron 19 porque en este proceso recibieron sentencia absolutoria tres personas, adicional a los dos socios de la guardería por lo que llevamos cinco personas que han sido beneficiadas de un sistema de justicia deficiente y corrupto”, reprochó.

Julio César Márquez, padre de Julio César Márquez Báez, va más allá al señalar que “el manto de impunidad” alcanzó a altos funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al gobernador de Sonora, quienes en ningún momento fueron llamados a rendir cuentas.

“El exgobernador, Eduardo Bours; el exdirector del IMSS, Daniel Karam, y en su momento el ya fallecido exdirector del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, simple y sencillamente fueron protegidos por el manto de la impunidad”, indicó en entrevista.

El 13 de abril la SCJN admitió a trámite la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 223/2018, con lo que podría analizar la sentencia del Tercer Tribunal Unitario del Quinto Circuito en Sonora, que ratifica las sanciones por homicidio y lesiones culposas en contra de los 19 responsables.

“Se entiende y se espera que derivado de que las sentencias se ratifiquen o se modifiquen en favor de las víctimas, estas condenas se amplían pero a favor de las víctimas, y en ese momento podemos pensar o esperar, que los responsables paguen con cárcel, pero a nueve años no hay nadie en la cárcel”, dijo Márquez.

Y añadió: “En las instituciones es difícil tener confianza, nos han fallado una y otra vez”.

La desconfianza se entiende cuando José Francisco García señala que Eduardo Medina Mora, titular de la PGR en la fecha en que ocurrió la tragedia, ahora es ministro de la SCJN, y quien de acuerdo al padre atribuyó a “cuestiones administrativas” lo ocurrido el 5 de junio del 2009.

En este sentido Julio César Márquez llamó a los ministros a “pensar que tenemos nueve años luchando por justicia para nuestros niños ausentes y lesionados”, por lo que su fallo sobre el caso puede sentar un precedente para en un futuro inhibir actos y omisiones que deriven en tragedias.