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Cambiarán reglamento de la comisión de víctimas
Clara Gómez es madre de una de jóvenes asesinadas en Tlatlaya. La CEAV anunció en mayo un fondo de 50 mdp para la reparación del daño a víctimas del caso.
En el seno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se busca establecer la obligación para servidores públicos que forman parte de esta instancia de rendir un informe por escrito en caso de que sean retirados de su encargo o comisión.
A través de un proyecto de acuerdo que está en revisión por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), se propone que los funcionarios rindan dicho informe por escrito sobre los asuntos de su competencia, y que se estipule la obligación de hacer entrega de los recursos financieros, humanos y materiales que les hayan sido asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales a quienes los sustituirán en sus funciones.
El proyecto incluye a los servidores públicos de todas las unidades administrativas de la Comisión Ejecutiva que tengan el nivel de directores generales adjuntos y directores de área, incluidos los titulares de los comités especializados, quienes al separarse de sus empleos, cargos o comisiones, deberán rendir un informe de los asuntos y del estado que guardan, mediante un acta de entrega-recepción.
Cabe recordar que conforme a la Ley General de Víctimas, la Comisión Ejecutiva es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que cuenta con autonomía técnica y de gestión, y que tiene como objetivo garantizar la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil.
La misma ley establece que la comisión estará integrada por siete comisionados, electos por el Senado a propuesta del presidente de la República.
En el proyecto de acuerdo se puntualiza que fue en el 2005 cuando se publicó un decreto para dejar estipulada la obligación de realizar una entrega-recepción de los asuntos a cargo de los servidores públicos de la administración pública federal, y de los recursos que tuvieran asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión y las disposiciones que debían observar al concretar ello.
Así, el objetivo del proyecto que estudia la Cofemer es que la obligación de rendir un informe se haga extensivo a los servidores públicos de todas las unidades administrativas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
