Un juzgado de Control del Poder Judicial de la Federación resolverá si los colectivos Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y TOJIL Estrategia contra la impunidad son elegibles jurídicamente como “víctimas”, en representación de los mexicanos que se consideren lesionados por la llamada Estafa Maestra, sobre la cual existen 486 denuncias penales realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Adriana Greaves, representante de TOJIL, organismo jurídico que en lengua maya significa: “lo justo o lo correcto”, comentó que junto con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad se pretende sentar un “precedente histórico en el país” ante la posible determinación de ser reconocidos como “víctimas”, lo que les permitiría participar en las investigaciones.

La abogada recordó que el 18 de septiembre del 2018 ambas organizaciones sociales presentaron una denuncia ante la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la Procuraduría General de la República (PGR), por la posible comisión de delitos de corrupción por parte de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, la Universidad Autónoma del Estado de México y empresas vinculadas.

En la denuncia, las organizaciones sociales solicitaron al Poder Judicial de la Federación que “se les reconozca como víctimas en representación de los intereses de la sociedad, a fin de colaborar con la Procuraduría en la generación de una investigación eficaz que resulte en sanciones por estos actos”.

Cabe recordar que la investigación llamada la Estafa Maestra documenta el desvío de recursos federales por medio de universidades estatales y empresas fantasma.

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