La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma la Ley de Vías Generales de Comunicación para establecer como delito agravado la toma de casetas.

El dictamen fue aprobado en lo general con 344 votos a favor, 85 en contra y 24 abstenciones, mientras que, en lo particular con 334 votos a favor, 96 en contra y 17 abstenciones.

La reforma al artículo 533 de dicha ley plantea sancionar hasta con siete años de prisión a quien interrumpa la prestación del servicio, así como a quien restrinja de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte, en algunos de ellos, con afanes de lucro.

"A quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o para obtener un lucro interrumpa el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se impondrá sanción de tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización", señala la reforma avalada.

Al fundamentar el dictamen el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara Baja, el diputado de Acción Nacional, Víctor Manuel Pérez Díaz, dijo que la propuesta no pretende criminalizar ni coartar el derecho a la libre manifestación.

Señaló que de acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial, durante 2019 y lo que va del presente año, originaron pérdidas sectoriales cercanas a los siete mil millones de pesos por los bloqueos en las vías generales de comunicación.

"Es un nuevo huachicoleo; en promedio, grupos delincuenciales obtienen ganancias por 500 mil pesos en cinco horas. En casetas con mayor afluencia como la de Tlalpan, en la Ciudad de México, puede estar por arriba del millón de pesos”, dijo.

El dictamen se remitió al Senado de la República para continuar su proceso legislativo.