Aunque el gobierno federal considera indispensable contar con el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) para combatir delitos como el secuestro y la extorsión, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha dejado de utilizar herramientas -con las que ya cuenta- para combatir esos y otros delitos, como la intervención de comunicaciones que le permite la geolocalización y extracción de datos de teléfonos móviles.

Tan sólo en lo que va del 2021, la FGR ha solicitado a jueces federales 177 intervenciones de comunicaciones, como lo establece el artículo 16 de la Constitución y 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, según consta en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Las solicitudes de intervención datan del 1 de enero de 2021

Las primeras 21 solicitudes judiciales en 2021 fueron por parte de la delegación de la FGR en Zacatecas, a las compañías Teléfonos de México, S.A.B de C.V; Telefónica Móviles Colombia y American Telephone and Telegraph, con el propósito de “obtención de datos necesarios para agotar las líneas de investigación”. Esto con base en los artículos 16, 21 y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 291 y 292 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como los numerales tercero fracción IV, y cuatro fracción VIII del Acuerdo A/173/16 del 16 de octubre de 2016, artículo 14 del Acuerdo General 03/2017 del Pleno de la Judicatura Federal.

También en enero, la delegación de la FGR en Sinaloa solicitó una intervención a Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. para realizar una investigación ministerial.

La Dirección General de Cuerpo Técnico de Control de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada solicitó en enero a la compañía AT&T Comunicaciones Digitales, otras 22 intervenciones de comunicaciones para investigar casos de secuestro, de conformidad con el artículo 294 del Código Nacional de Procedimientos Penales: “podrán ser objeto de intervención las comunicaciones privadas que se realicen de forma oral, escrita, por signos, señales o mediante el empleo de aparatos eléctricos, mecánicos, alámbricos o inalámbricos, sistemas o equipos informáticos, así como por cualquier otro medio o forma que permita la comunicación, con excepción de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral, administrativo o en el caso de comunicaciones del detenido con su defensor”.

Otras 89 solicitudes, con ese mismo propósito, fueron promovidas por esa Dirección a la compañía Radiomovil Dipsa, “de conformidad con el artículo 292 del Código Nacional de Procedimientos Penales, (el cual establece) el plazo de la intervención incluyendo sus prórrogas, no podrá exceder de seis meses”.

El resto de las 90 peticiones de intervención de comunicación fueron hechas también en enero por la Fiscalía General de la República, ante jueces federales, a las mismas compañías telefónicas, ya sea para la geolocalización o para la extracción de datos de teléfonos móviles.  

La polémica por el Panaut

La semana pasada, Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, concedió la primera suspensión definitiva a un usuario que le permite no entregar sus datos personales y biométricos al nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).

El Juez determinó que declarar la suspensión definitiva de la norma a un usuario, “no quiere decir, que la sola vigencia de la norma provocará, en automático, la disminución de los delitos o, en su caso, que dichas autoridades puedan investigar delitos que antes no podían por la falta del Panaut”.

Además resaltó que las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia, ya tienen expeditas sus facultades para continuar con la investigación de delitos e, incluso para lograr la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil involucrados con una investigación por un hecho delictivo, así como obtener la entrega de los datos conservados por los concesionarios de telecomunicaciones, de conformidad con los artículos 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Expertos han alertado sobre el riesgo de que el gobierno federal y/o particulares posean una base de datos biométricos. Incluso, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de Panaut.

Pero el gobierno federal defiende la implementación de dicho registro, pues lo considera indispensable para combatir delitos. Tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, como la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, y el subsecretario de esa dependencia, Ricardo Mejía, han fustigado contra jueces y ciudadanos que oponen a la implementación del padrón, por consideran que están en favor de las empresas y no de la seguridad pública.

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad federal, acusó a activistas, juristas, constitucionalistas, académicos y ciudadanos de tratar de desacreditar el registro de datos biométricos en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut),

Ofreció que la base de datos personales y biométricos del nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) será resguardo por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la protección de datos correrá a cargo del Inai.

“Cada persona tendrá el control de su identidad y los archivos serán responsabilidad del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la protección de datos estará a cargo del Inai”, indicó la semana pasada.

El funcionario cuestionó la decisión del Inai de interponer ante la Corte una acción de inconstitucionalidad contra la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, porque “obedece a intereses de las empresas, pues el registro busca combatir los delitos de extorsión, secuestro, trata y en general todas las actividades de operación de los grupos criminales”. 

Reiteró que detrás del rechazo al Panaut están involucradas las empresas telefónicas, quienes actualmente ya solicitan los datos de quienes adquieren una línea de renta fija y piden los datos personales.

“El problema de fondo son los modelos de telefonía de prepago por medio de los cuales nadie sabe quién los está comprando, por lo que ha permitido que los delincuentes se dediquen a hacer llamadas de extorsión, entre otras conductas criminales”, estimó.

jorge.monroy@eleconomista.mx

kg