El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, invitó a integrantes del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada a visitar este año México para verificar la situación en ese tema.

“Les quiero reiterar la invitación para que visiten a la brevedad nuestro país. Sabemos de las limitaciones que hay por la pandemia que estamos atravesando, pero sería muy importante que este mismo año ya hubiera una visita oficial del Comité para realizar trabajos de manera conjunta”, mencionó.

Al participar en el en webinario ‘Compartir experiencias sobre las acciones tomadas y el camino a seguir para promover la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas’, argumentó que tres días del inicio de la actual administración, “el gobierno de México reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la existencia de la mayor crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos que se ha vivido en el país, por lo que se asumió el compromiso para que en los casos específicos de desaparición forzada se hiciera investigaciones de fondo para acabar con la impunidad y hacer justicia”.

Cabe destacar que actualmente suman 84,122 personas en calidad de desaparecidas y no localizadas en nuestro país, entre el 15 de marzo de 2964 y el 3 de marzo de 2021, de acuerdo con el Registro Nacional de la Secretaría de Gobernación.

Alejandro Encinas reiteró que los gobiernos anteriores ocultaron durante 10 años el fenómeno, sin embargo, la actual administración admite la existencia de 80,122 personas desaparecidas desde 1964 a la fecha “lo que daba cuenta también de la simulación y el ocultamiento sobre la magnitud de este problema que enfrentamos en el país”.

Destacó el 2 de octubre del 2020 el Estado mexicano reconoció la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU, para recibir y considerar comunicaciones de o en su nombre: personas sujetas a su jurisdicción que afirman ser víctimas de una violación de las disposiciones de la convención.

Enumeró 10 “resistencias” de gobiernos anteriores para evitar la competencia del Comité, entre ellas la violación a la soberanía nacional, el incremento masivo de recomendaciones del Comité, una lluvia de denuncias contra el Estado mexicano y un desfalco al erario por el número de indemnizaciones que se requerirían.

“Consideramos que el abrirnos al escrutinio internacional, el permitir la intervención del comité desaparición, el conocer de los casos particulares ayudará a fortalecer nuestra política en materia de defensa de los derechos humanos y acabar con la impunidad en el país”, afirmó.

jorge.monroy@eleconomista.mx

rrg