La Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto más de un centenar de indagatorias por intervención ilegal de comunicaciones (espionaje) entre el 2014 y febrero pasado, así lo detalló su Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental como respuesta a una solicitud de información de un peticionario.

El número de carpetas de investigación y averiguaciones previas desde el 2014 y hasta el primer bimestre de este año suman 122. De esta cifra, 14 son averiguaciones previas del anterior modelo de justicia, mientras que 108 son carpetas de investigación del actual sistema penal.

Las indagatorias, refiere la FGR, son por delitos previstos en el artículo 177 y 211 Bis del Código Penal Federal. El primero detalla que a “quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa”.

Mientras que el 221 Bis establece que a quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de 300 a 600 días multa.

“En algunos supuestos sí puede tener una penalidad agravada por la calidad del sujeto activo, es decir por quién cometa el delito”, aseveró José Fernández de Cevallos, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

El experto también detalló que coloquialmente se le llama espionaje a este delito, pero jurídicamente tiene otro nombre.

“El espionaje en México es un delito en contra de la seguridad de la nación que sólo puede ser para casos que se apoya a un gobierno extranjero o se pretenda una invasión, pero el espionaje político jurídicamente no existe, lo que sí hay son estos dos tipos penales”, mencionó.

Cabe señalar que el 2018, 2019 y 2020 son los años en los que la FGR tiene más carpetas de investigación iniciadas por dichos delitos, para el primero la cifra es de 31, para el que sigue el dato es de 32 y por último, en el año pasado se abrieron 21.

Con lo que respecta a qué entidades federativas poseen el mayor número de casos, el informe identificó que la Ciudad de México se posiciona en el primer lugar con 30 de carpetas de investigación y averiguaciones previas, le sigue el Estado de México con un total de nueve desde el 2014.

El tercer sitio es para Puebla que registró un total de 7 carpetas, mientras que Jalisco, Hidalgo, Oaxaca y Yucatán son las entidades que ocupan el cuarto puesto con cinco cada una.

En el caso de las Áreas Centrales, el documento precisó que éstas poseen 14 carpetas y averiguaciones previas.

Relaciones políticas

José Elías Romero Apis, exsubprocurador de averiguaciones previas y de justicia de la zona norte en la antigua PGR reconoció que investigar al Estado desde el Estado no es fácil.

Sin embargo, aseguró que “es más sencillo investigar a exfuncionarios, a los que ya no están que a los que aún se encuentran en funciones”.

Por su parte, Ariadna Salazar Quiñonez, profesora investigadora titular del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana explicó que estas intervenciones de comunicaciones sin mandato judicial se encuentran expresamente prohibidas conforme al código penal.

La experta añadió que es una obligación de la FGR indagar estos hechos sin importar el origen que tengan ni quién esté involucrado en ellos, “se trata de funcionarios públicos al servicio de la Nación”.

Sin prisión oficiosa

Por último, Fernández de Cevallos confirmó que al no estar dentro del catálogo del Artículo 19 constitucional que establece qué delitos ameritan prisión preventiva oficiosa, los acusados por estos hechos pueden llevar su proceso en libertad.

“Las intervenciones en comunicaciones para analizar, conocer cosas que no se tendrían por qué saber y que luego sean ocupadas para extorsionar, chantajear o sacar ventaja indebida desgraciadamente se ha incrementado en México y no lo señalo yo, es lo que ha salido a relucir con el caso Pegasus”, comentó el investigador.

ivan.rodriguez@eleconomista.mx