Los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD en el Senado no llegaron a consensos para sacar en el periodo ordinario de sesiones, ni en un extraordinario, la iniciativa en materia de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto; no obstante, acordaron que en febrero se abordarán ocho temas en los rubros de seguridad, justicia penal y derechos humanos, que incluye la propuesta presidencial.

Ayer, a unas horas de que cerraran el periodo ordinario de sesiones, los líderes del PRI, Emilio Gamboa; del PAN, Jorge Luis Preciado, y del PRD, Miguel Barbosa, anunciaron que en febrero del 2015 sacarán las iniciativas en materia del nuevo modelo policial, la reglamentaria de la Fiscalía General de la República y procuración de justicia federal y local, sistema de competencias en el rubro penal, así como la agenda de derechos humanos, con énfasis en desaparición forzada de personas, tortura y ejecución extrajudicial.

También, la intervención federal en localidades en casos de crisis de seguridad y por infiltración del crimen organizado, incluyendo el blindaje de las instituciones políticas y los procesos electorales; el sistema nacional anticorrupción, el sistema nacional de transparencia y rendición de cuentas, y la ley nacional de ejecución penal.

Barbosa Huerta se encargó de leer el acuerdo y afirmó que las discusiones y análisis de las iniciativas se harán en grupos de trabajo plurales a partir de enero y se invitará a las distintas dependencias del Ejecutivo federal para que den su opinión, se abrirán audiencias públicas con expertos y sociedad civil y las conclusiones, ya con una propuesta de iniciativas, serán presentadas al oleno en los primeros días de febrero.

Preciado Rodríguez enfatizó que el tiempo no permitió debatir la iniciativa presidencial, que entre otras cosas solicitaba la creación del mando único estatal policial y la intervención de la Federación en los municipios en los que permeó el crimen organizado.

Por otro lado, al no aprobar la ley secundaria de la Fiscalía General de la República, los senadores dieron por muerto, al menos para este año e inicios del siguiente, el nombramiento de los fiscales, tanto electoral como anticorrupción.

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