Tratado UE-México: mayor protección para inversiones europeas

El 17 de enero la Comisión Europea anunció que había concluido la modernización de su Acuerdo Global con México, en vigor desde el 2000. En un contexto marcado por las medidas proteccionistas de Estados Unidos, la pronta aprobación y entrada en vigor del Tratado Unión Europea- México (TLCUEM) modernizado contribuiría a dar certidumbre a los inversionistas, atraer inversiones extranjeras, diversificar las exportaciones mexicanas y mitigar las disrupciones en las cadenas globales de suministro.

Actualmente, la Unión Europea (UE) es el tercer mayor socio comercial de México; mientras que México es el segundo socio comercial del bloque en Latinoamérica. En 2023, el comercio bilateral de mercancías alcanzó 82,000 millones de euros (aproximadamente 85,000 millones de dólares). Además, en 2022 la UE fue la segunda fuente de inversión extranjera directa en México, con un acumulado de 195,000 millones de euros (unos 203,000 millones de dólares).

Aunque el texto preliminar del TLCUEM modernizado, publicado en 2018, podría haber sufrido modificaciones, ofrece indicios de los posibles avances en la relación comercial. Destaca que la protección de las inversiones tendría estándares más elevados que los del T-MEC y los de los acuerdos bilaterales de inversión entre México y 15 de los 27 Estados miembros de la UE. El tratado tendría un mecanismo de solución de controversias de inversión amplio y aplicable a todos los miembros de la UE y a México, y crearía un tribunal de inversiones permanente. Asimismo, el tratado tendría compromisos para promover un entorno estable y atractivo para la inversión.

Los estándares de inversión que se encontraban de manera preliminar en el TLCUEM modernizado incluyen garantizar un trato justo y equitativo para los inversionistas; brindar transparencia respecto al marco jurídico para las inversiones; evitar reformas que restrinjan la participación extranjera y prohibir los “requisitos de desempeño” que condicionen beneficios al uso de insumos nacionales, o al valor de las exportaciones. También se establece la forma en la que los Estados deberán compensar a los inversionistas extranjeros en caso de expropiación. Para el sector financiero, se prevé un procedimiento especializado para controversias sobre medidas prudenciales con la participación de expertos independientes. Actualmente, algunas de estas cláusulas están contenidas en los acuerdos bilaterales de inversión mencionados, aunque no son uniformes y no contienen particularidades para el sector financiero.

En contraste con lo anterior, la protección que ofrece el TMEC a las inversiones es más limitada ya que su mecanismo inversionista-Estado aplica únicamente a Estados Unidos y México, proporciona una protección diferente entre sectores y restringe los tipos de reclamaciones que pueden presentar los inversionistas.

Otras obligaciones destacadas del texto preliminar son las de no discriminar por nacionalidad en las compras que realice el sector público y sus empresas, mantener reguladores independientes en materia de energía, telecomunicaciones y de competencia y que las partes administren todas las medidas de aplicación general de manera uniforme, imparcial y razonable. Asimismo, se regula la competencia entre las empresas paraestatales y las particulares para evitar prácticas que causen efectos desfavorables a estas últimas.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum declaró que aún no había un acuerdo definitivo ya que se está revisando con la perspectiva de incrementar la producción en México. Sin embargo, en esta coyuntura es fundamental que los compromisos que se asuman en el TLCUEM y las medidas que adopte la actual administración para impulsar la producción nacional sean coherentes y se complementen. Ello permitiría ampliar el comercio y la inversión, aprovechar el potencial del acuerdo y enfrentar de manera conjunta los retos económicos y comerciales actuales.

Crista Pérez, economista senior de BBVA México