Tecnología, poder y el nuevo orden global

El 8 de enero de 2026, un comunicado de la Casa Blanca anunció la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales, en el marco de la política de “Primero América” (America First). Este anuncio, aunque marca un cambio estructural en su relación con la gobernanza global, tiene repercusiones directas en la evolución tecnológica y en la política digital de los países con vínculos estrechos con los Estados Unidos. También es un claro indicio de que, en su segundo mandato, la administración de Trump desea continuar con la agenda de su primer periodo de gobierno.

La administración del Ejecutivo estadounidense ha adoptado una visión reduccionista de la realidad mediante una implementación extrema de la realpolitik, donde las amistades no existen y solo importan los intereses. Aliados históricos quedan relegados ante intereses de corto plazo, lo que genera un desfase entre los objetivos de Estados Unidos y los de sus socios políticos y comerciales e inevitablemente da paso a una profunda reconfiguración del sistema de alianzas y de las relaciones comerciales y tecnológicas a escala global.

Para la industria mundial de las telecomunicaciones, este giro no produce una disrupción inmediata, sino un capítulo más del enfrentamiento que Estados Unidos mantiene con China en materia de tecnología, en el que ha intentado, sin mucho éxito, convencer a sus socios históricos de replicar su postura en contra de empresas de origen chino. Asimismo, la salida estadounidense de estas organizaciones tendrá como consecuencia un reordenamiento del entorno en el que se definen estándares, reglas e inversiones a largo plazo. La ausencia de Estados Unidos propicia una mayor fragmentación de los estándares globales, con impactos directos en la interoperabilidad tecnológica y la competitividad. Además, abre la puerta a que otros actores influyan de manera desproporcionada en la definición de nuevas tecnologías, incorporando patentes y propiedad intelectual no estadounidenses.

A mediano plazo, este aislamiento político puede traducirse en un aislamiento tecnológico, con precios más altos para los consumidores y una desventaja competitiva para las empresas estadounidenses, que verían limitado su acceso a mercados globales y reducidas sus economías de escala.

El vacío que deja Estados Unidos exacerba la posición ya debilitada del país ante instrumentos tradicionales de cooperación, luego de que en 2025 la administración Trump canceló el 83 % de los programas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y despidió o envió a licencia a más de 9 500 empleados. Solo en América Latina y el Caribe, esto representa la suspensión de US$1 700 millones en programas de desarrollo asignados para 2023-2024.

Entre los proyectos suspendidos del USAID en América Latina destacan: la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas, que servía a 450 periodistas en 26 países; en Colombia, US$413.2 millones anuales, que representaban el 75 % de toda la ayuda internacional recibida; en Perú, US$135 millones destinados a programas antinarcóticos y de seguridad alimentaria; y en El Salvador, programas que experimentaron recortes del 95 % o más. En países como Nepal, USAID había comprometido US$695 millones a cinco años (un tercio del financiamiento total de desarrollo), incluyendo el proyecto de Sociedad Civil y Medios de la Asia Foundation por US$18.5 millones, ahora cancelado.

El trasfondo de esta acción es sencillo: el USAID pasa a formar parte del Departamento de Estado y la asistencia solo se otorgará como parte de un quid pro quo con otros gobiernos. En el mundo de las relaciones internacionales, esto se traduce en la erosión de instrumentos clave de influencia, la creación de incentivos perversos y el debilitamiento de los propios intereses estadounidenses.

Sobre todo, cuando muchos de estos vacíos tienden a llenarse al muy poco tiempo, con resultados que podrían no ser beneplácitos para Washington D. C. Por ejemplo, tras el abandono de los kurdos por parte de la primera administración de Trump, tras décadas de cooperar con el Ejército estadounidense, este grupo étnico terminó aliándose al régimen sirio apoyado por Rusia y adversario de los Estados Unidos.

Algo similar se ha observado con la salida del USAID. Por ejemplo, en Camboya, China proporcionó US$4.4 millones para un programa de desminado que Estados Unidos suspendió temporalmente. Cuando Estados Unidos redujo su compromiso con el Centro Africano para el Control de Enfermedades de US$500 millones a US$385 millones, China y Corea del Sur ofrecieron en conjunto US$4 millones, cerca del 1 % del compromiso estadounidense, pero con un alto valor simbólico. Mientras tanto, China ofreció reemplazar la asistencia estadounidense en Nepal, aunque no se divulgaron cifras específicas. Otros países que han comenzado a financiar proyectos abandonados por el USAID son Alemania, Arabia Saudita, Canadá, Catar, Corea del Sur, los Emiratos Árabes Unidos, Japón, Suecia, Turquía y el Reino Unido.

Lejos de ser irrelevantes, los organismos multilaterales han sido fundamentales para coordinar el uso del espectro radioeléctrico, la estandarización técnica, la ciberseguridad, la gobernanza satelital y las políticas digitales. Su debilitamiento reduce la capacidad de coordinación global y aumenta el riesgo de fragmentación, a medida que otros actores, como la Unión Europea o China, ocupan esos espacios, fijan nuevas agendas y expanden sus mercados.

Centrándonos en el sector de telecomunicaciones y tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), paradójicamente, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) no está en la lista de 66 organizaciones de las que Estados Unidos se retira; la administración Trump ha declarado que su objetivo es enfocar el dinero de los contribuyentes en expandir la influencia estadounidense en organismos de estandarización donde existe competencia con China, mencionando específicamente a la UIT, la Organización Marítima Internacional y la Organización Internacional del Trabajo.

Existe una gran diferencia entre las posibilidades que se pueden plantear en una declaración y los actos que ocurren en la vida real. Tan solo hay que remitirse a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2023 de la UIT para observar cómo Estados Unidos veía crecer la oposición a varias de sus propuestas por delegaciones de la Región 2, que, a través de su voto negativo, enviaban una clara señal a Washington D. C. de que no eran un sello de goma y de que, para llegar a consensos, debía haber una negociación en la que los intereses de todos los involucrados se tomasen en cuenta. Un mal precedente para cualquier gobierno que tenga como objetivo imponer su voluntad arbitrariamente en cualquier foro global o regional.

No obstante, queda claro que, a escala global, la decisión de los Estados Unidos envía una señal de incertidumbre a los mercados, sobre todo en el sector de telecomunicaciones, que requiere inversiones intensivas en capital y marcos regulatorios previsibles a lo largo de décadas.

Un sector que ya ha sufrido el impacto adverso de la implementación, en 2025, de una política tarifaria discrecional por parte del Ejecutivo estadounidense, lo cual ha dificultado proyectar costos a largo plazo en las cadenas de suministro globales y ha impulsado la fragmentación de las cadenas de valor y el encarecimiento de los insumos críticos para el despliegue de redes.

Lo anterior reduce la previsibilidad regulatoria que requieren inversiones con horizontes de décadas, eleva las primas de riesgo, retrasa las decisiones de inversión y debilita el atractivo estructural de Estados Unidos como socio estable, reforzando la percepción de un entorno global más volátil, transaccional y fragmentado. El resultado es la imposición, en los socios comerciales, de un incentivo para buscar nuevas cadenas de suministro más estables y económicas.

En este sentido, Canadá se presenta como un buen ejemplo de una economía que busca diversificarse cada vez más y, de esta manera, reducir su dependencia de los Estados Unidos. Este país superó su meta de Estrategia de Diversificación de Exportaciones, alcanzando US$296 mil millones en exportaciones no estadounidenses en 2024 (52 % por encima de la línea base de 2017 de US$195 mil millones). Desde la entrada en vigor del Acuerdo Económico y Comercial Global con la Unión Europea (CETA) en 2017, el comercio bilateral de mercancías aumentó 59.8 %, con exportaciones canadienses a la UE creciendo 50.9 %. Con los siete mercados del Indo-Pacífico del Acuerdo Transpacífico (CPTPP), el comercio de mercancías aumentó 42.9 % desde 2019, con exportaciones subiendo 24.3 %.

Canadá también ha incrementado sus exportaciones de metales preciosos a destinos como el Reino Unido. Asimismo, la expansión del oleoducto Trans Mountain en 2024 permitió que las exportaciones de crudo de Alberta a mercados no estadounidenses alcanzaran 4.1 % en los últimos siete meses de 2024, comparadas con 0 % en el mismo periodo de 2023. Los destinos principales fueron China (59 %), Singapur (15 %), Hong Kong (12 %) y Estados Unidos (11 %).

Los frutos del trabajo canadiense se observan también en sus importaciones, con una estrategia centrada en la diversificación para reducir la dependencia de los Estados Unidos, lo que ha llevado a un incremento en la compra de equipos electrónicos de países europeos, como Irlanda, y de vehículos de países como Alemania, China y México, en detrimento de proveedores estadounidenses.

Regresando al mundo de las TIC, una menor coordinación multilateral incrementa la incertidumbre sobre las reglas futuras de interoperabilidad, los flujos de datos, la ciberseguridad y la resolución de controversias, lo que encarece o retrasa proyectos que dependen de la armonización internacional, como cables submarinos, acuerdos de itinerancia o constelaciones satelitales.

Muchos países de América Latina dependen de marcos multilaterales y regionales para alinear regulaciones, gestionar el espectro y acceder a buenas prácticas, debido a sus brechas técnicas e institucionales. La reducción del liderazgo estadounidense debilita un referente tradicional de convergencia regulatoria y abre espacio para modelos alternativos de gobernanza y de provisión tecnológica, particularmente los impulsados por China mediante financiamiento, equipos y proyectos integrales de infraestructura digital. El resultado sería un retorno a la fragmentación existente en los tiempos del 3G, en lugar de un entorno en el que el planeta coloque la misma tecnología, como ha sucedido con 5G.

Aun en un entorno con la participación de Estados Unidos, en entidades como el 3GPP, que define los estándares globales de telecomunicaciones móviles, las empresas chinas, encabezadas por Huawei, lideraron las contribuciones técnicas a las especificaciones de 5G, seguidas por las europeas Ericsson y Nokia. Los grupos de trabajo más influyentes (RAN1, RAN2, RAN4 y SA2) reciben el 80 % del total de contribuciones, con la participación estadounidense concentrada principalmente en Qualcomm e Intel, pero sin equiparar el volumen de Huawei.

3GPP aprobó en marzo de 2025 el Release 20, centrado en estudios generales de 6G, con el primer conjunto de especificaciones técnicas de 6G esperado para el Release 21 (fecha de congelación aproximada en 2029). En abril de 2025, 3GPP y la O-RAN Alliance celebraron un taller conjunto sobre la coordinación de 6G. El organismo 3GPP está compuesto por 719 miembros individuales a través de siete socios organizacionales que representan a China, Europa, India, Japón, Corea y Estados Unidos.

La fragmentación de estándares, en tecnologías como 5G, 6G, Internet de las Cosas (IoT), redes satelitales o la inteligencia artificial aplicada a redes, encarece la investigación y desarrollo (I+D), reduce las economías de escala y debilita los incentivos para innovar. A ello se suma una menor colaboración internacional en I+D, ya que los organismos multilaterales funcionan como plataformas clave para coordinar agendas y compartir conocimiento, especialmente en áreas críticas como la ciberseguridad, las tecnologías cuánticas y las redes avanzadas.

En estos momentos, no hay duda de que China es el actor con mayor capacidad para capitalizar el vacío, ofreciendo infraestructura digital “llave en mano” acompañada de financiamiento. Rusia tiene una presencia económica limitada, pero busca influir en la política y la estrategia, en particular en ciberseguridad y en las narrativas de soberanía tecnológica. India emerge como un socio más pragmático, con fortalezas en software, servicios digitales, ingeniería y talento, y una menor carga geopolítica. El resultado es una creciente multipolarización tecnológica que incrementa la complejidad de las decisiones públicas y privadas.

Estas dinámicas son especialmente relevantes para el desarrollo de 6G. Al encontrarse en una fase temprana, las decisiones políticas y de gobernanza pesan tanto como los avances técnicos.

Como se puede ver, una menor participación estadounidense en foros internacionales puede desplazar el centro de gravedad hacia China y Europa en la definición de estándares, aumentando el riesgo de arquitecturas divergentes, de mayores costos y de menor interoperabilidad. Para México y América Latina, que no lideran la estandarización, pero dependen de ella, un 6G fragmentado implica mayores costos de adopción y menor acceso a sus beneficios. También invita a una mayor injerencia china en el sector de las telecomunicaciones, pues seguramente cualquier estándar que respalde tendría mayores economías de escala que las alternativas estadounidenses.

Bajo este escenario, llama la atención la reciente proclama del “Corolario Trump”, una reinterpretación dura de la Doctrina Monroe que redefine a América Latina como una zona de interés estratégico directo para Estados Unidos y busca limitar activamente la presencia de potencias extra-hemisféricas en sectores críticos. Bajo esta lógica, el acceso a mercados, al financiamiento y a la cooperación se vuelve cada vez más condicionado al alineamiento estratégico.

En el caso mexicano, si la participación estadounidense en la gobernanza digital multilateral continúa disminuyendo, el gobierno deberá gestionar un equilibrio complejo: mantener la alineación estratégica con Estados Unidos a través de mecanismos bilaterales y de un T-MEC con negociación pendiente durante 2026, mientras amplía su presencia en otros foros y sus relaciones con actores no estadounidenses. Este equilibrio incidirá directamente en decisiones sobre el espectro, la selección de proveedores, la ciberseguridad y el financiamiento de la infraestructura, y puede reducir las oportunidades de cooperación técnica internacional.

En otras palabras, el margen de maniobra de México en sectores sensibles se acota: las decisiones sobre proveedores de telecomunicaciones, redes críticas, centros de datos o ciberseguridad dejan de ser meramente técnicas o económicas y adquieren una dimensión geopolítica explícita. Tampoco se pueden obviar los continuos llamados a la intervención armada en México por parte de Estados Unidos, que argumentan la necesidad de proteger la seguridad de sus ciudadanos al entrar a combatir grupos ilícitos, como los cárteles de narcotráfico con base en México.

Ante este entorno, la mejor respuesta de México no es una alineación automática con un bloque, sino una estrategia propia, pragmática y de largo plazo. Esto implica anclarse en Norteamérica a través del T-MEC, diversificar socios de manera selectiva, apostar por estándares abiertos, fortalecer capacidades internas y desplegar una diplomacia tecnológica activa. Administrar y no ignorar el Corolario Trump será clave: alinearse donde sea inevitable, negociar donde sea posible y construir resiliencia propia para no quedar atrapado entre potencias en un hemisferio cada vez más disputado.

La pregunta en el aire es si un gobierno en el que las instituciones han sido debilitadas para ser supeditadas al Ejecutivo tiene la capacidad de resistir una crisis y priorizar los intereses de sus ciudadanos, o si la imposición de la discrecionalidad finalmente muestra sus claras debilidades en el peor de los momentos. El tiempo, como siempre, nos dará la respuesta.