Los institutos nacionales de salud en la encrucijada

La red de institutos nacionales de salud (INS) que por muchos años fueron baluartes de la investigación médica y la atención especializada en México, hoy enfrentan retos fuertes que requieren atención para preservar su fortaleza y su posición histórica en la medicina nacional. Como sistema de salud y como país es importante regresarle su lugar preponderante a esa red de alta especialidad y encontrar alternativas de fondos presupuestales para no seguirlos oprimiendo hasta el riesgo de la inanición.

Nos referimos a los 13 institutos que conforman la CCINSHAE y que están bajo la rectoría de la Secretaría de Salud: Instituto Nacional de Cancerología (InCan), Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (INCar), Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG), Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas (INER), Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Instituto Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) e Instituto Nacional de Geriatría.

Las condiciones de austeridad y opacidad administrativa en que operan actualmente amenazan su excelencia; y el proceso de centralización que vive el sistema difícilmente entiende las ventajas de cierta independencia de maniobra en la alta especialidad y la investigación clínica donde se ven perspectivas positivas.

Antes de 2018, los INS se sostenían mediante un modelo robusto: presupuesto federal del Ramo 12 (Secretaría de Salud), donaciones privadas a través de patronatos, y recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) del Seguro Popular. Este último recibía una proporción de los recursos del Seguro Popular (para población no asegurada), financiaba tratamientos de alta especialidad, como cáncer o cirugías cardiovasculares, en los INS. Los patronatos captaban donaciones nacionales e internacionales, complementando para investigaciones y equipamiento. Este sistema, aunque imperfecto -pues no faltaron casos de abuso y poca transparencia-, les otorgaba autonomía y flexibilidad, permitiendo a los INS liderar en atención e investigación.

La transición al Insabi en 2020 desmanteló este modelo, eliminando el FPGC -y casi todos los patronatos-, reduciendo el gasto per cápita de los INS. El IMSS-Bienestar, que reemplazó al Insabi en 2023, hoy canaliza recursos a los INS pero en menor dimensión y menor transparencia. Por lo demás su enfoque en atención primaria y secundaria no se alinea plenamente con las necesidades de alta especialidad, generando cuellos de botella; ahí está el caso de la torre detenida del INCar desde hace meses por una deuda que arrastra IMSS Bienestar con la constructora, que hace unos días intentó cerrar Cardiología como presión para exigir su pago atrasado. De hecho, la opacidad administrativa de nuevos edificios en algunos de los INS fue un escollo que generó desconfianza inicial de la 4T.

La falta de sensibilidad hacendaria en torno al sector salud es otro factor que agrava la situación. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 recortó un 13.1% (521.7 millones de pesos) a los INS, afectando sobretodo a INCan, INCMNSZ e INCar. El estigma contra los patronatos durante el sexenio pasado fue un tanto injusto porque ante los menguantes recursos públicos, en vez de buscar desaparecerlos, la opción era más bien regularlos bien, pues la iniciativa privada también está interesada en fortalecer el sistema público de salud para la fuerza laboral. Paradójicamente, hoy los prestadores privados de salud crecen con fuerza y juegan un rol cada vez más importante al recibir muchos de los pacientes expulsados por el sistema público, pero ese es otro tema.

Un punto que está latente es la reestructuración de la CCINSHAE, hoy encabezada por Marta Zapata Tarrés, que en 2023 perdió los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) al pasar al control de IMSS-Bienestar (con una reducción presupuestal importante para la Comisión Coordinadora), lo cual aún genera incertidumbre, pues hace unas semanas salieron versiones en redes sociales de que también los INS pasarían al IMSS Bienestar, pero la Secretaría de Salud lo descartó en forma contundente.

La oportunidad de expandirlos es enorme

En el Plan Sectorial de Salud 2024-2030 se habla de la integración al Sistema Nacional de Salud Pública (SNSP), donde se delinea que los INS colaboren con IMSS-Bienestar en iniciativas como el Expediente Clínico Electrónico universal. Sin embargo, la austeridad presupuestal dificulta la inversión tecnológica, y la priorización de la atención primaria podría relegar la investigación y atención especializada de los INS.

Pese a estos retos, los INS tienen oportunidades enormes. La oportunidad de que México aproveche mejor las oportunidades de responder a la demanda global de ensayos clínicos es algo que abre espacios muy tangibles para esta red de alta especialidad que por décadas ha colocado a México en un lugar regional destacado. Aparte, la colaboración con organismos regionales como la OPS posicionan a México como líder en muchos renglones. Por ejemplo, el INSP destaca en estudios sobre cambio climático y en alimentación. Sin embargo, capitalizar estas oportunidades requiere recursos que el modelo actual aún tiene que ver cómo garantizar.

Los INS están en una encrucijada: o se les dota de cierta autonomía y presupuesto, o se diluirán en un sistema centralizado perdiendo una fortaleza médica que costó muchos años y recursos construir. El gobierno debe clarificar su estrategia, garantizar recursos robustos y restablecer los patronatos para captar donaciones privadas garantizando eficiencia y transparencia en la gestión. Solo así los INS seguirán siendo faros de atención médica especializada e investigación clínica para el futuro de la nación. La salud del país no puede permitirse menos.

Ratifican al director del Instituto de Neurología

Llegará el momento en que quede más clara la historia sobre la destitución en 2020 del doctor Miguel Ángel Celis como director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) Manuel Velasco Suárez, detonada por una visita sorpresa encabezada por el entonces secretario de Salud, Jorge Alcocer, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y el titular de la CCINSHAE, Gustavo Reyes Terán, muy difundida en medios. La inspección respondió supuestamente a una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador por médicos y enfermeras, denunciando escasez de medicamentos, insumos esenciales, amenazas de despido y violencia de género. La visita reveló carencias en el suministro y problemas de gestión, incluyendo la negativa inicial del INNN a adherirse al Insabi. La realidad es que las carencias no terminaron, por el contrario, se extendieron a todos los INS, lo que permite deducir que el problema no era el Dr Celis. Quien asumió entonces el cargo fue Ángel Antonio Arauz Góngora, quien hace unos días, ante la falta de otros candidatos, fue ratificado en forma unánime por la Junta de Gobierno por otros 5 años, hasta el 2030, como director general del INNN.