Índice de Progreso Social 2025: datos concretos en el camino correcto

Mejorar el bienestar de la población y alcanzar la prosperidad compartida se ha consolidado como un objetivo central en el debate público en México, y como el propósito del Estado en la implementación de políticas públicas y política económica. Evaluar el progreso social de manera sistemática requiere indicadores que permitan observar el acceso de la población a servicios esenciales y las condiciones que facilitan el ejercicio de sus derechos.

En este contexto, México Cómo Vamos, en colaboración con el Social Progress Imperative, realiza anualmente el Índice de Progreso Social (IPS). Este índice ofrece una serie histórica desde 2015 y evalúa la calidad de vida a partir de variables concretas. Mide si las personas cuentan con el acceso a servicios que habilitan derechos fundamentales —como educación, salud y seguridad— y si viven en entornos que les permiten ejercer su libertad y alcanzar su potencial. El IPS considera variables que afectan el progreso social de los individuos a lo largo de las entidades federativas de México, destacando la seguridad ante la persistencia de la violencia, la educación como motor de movilidad social y el empleo de calidad, vinculado a productividad, inversión y bienestar. El índice se calcula a partir de 48 indicadores, agrupados en tres dimensiones: Necesidades Humanas Básicas, Fundamentos del Bienestar y Oportunidades. Cada dimensión contempla cuatro componentes del progreso social, lo que permite una visión integral y multifactorial del bienestar.

En 2025, las entidades con mayores puntajes en el IPS fueron Aguascalientes, CDMX, Querétaro, Nuevo León y Coahuila, mientras que las que presentan mayor rezago son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. La persistencia de estas brechas territoriales históricas subraya que un hogar no puede subrogar la responsabilidad del Estado en la provisión de servicios públicos esenciales (salud, educación, seguridad). Por ende, el desafío radica en el fortalecimiento de la eficacia de las instituciones públicas. Los estados con altos niveles de progreso social se caracterizan por una mayor cobertura de necesidades básicas —servicios públicos de agua y saneamiento, acceso a vivienda adecuada, movilidad—, una mayor seguridad personal, mejor acceso a servicios de salud y educación, así como entornos que ofrecen oportunidades en inclusión y desarrollo personal.

Estos hallazgos subrayan la necesidad de promover una visión de prosperidad compartida que vaya más allá del ingreso individual o familiar. Un hogar no puede sustituir al gobierno en la provisión de servicios públicos de calidad: salud, educación, seguridad e infraestructura. Esto pone de relieve la importancia de contar con gobiernos (en los tres niveles) que hagan bien su trabajo, con los recursos y herramientas necesarias para brindar a la población las condiciones que le permitan alcanzar mayores niveles de bienestar; en el caso de los adultos mayores o personas discapacitadas, por ejemplo, necesitamos gobiernos que construyan un sistema integral de cuidados.

Desde la perspectiva de políticas públicas, el IPS 2025 ofrece información clara y valiosa para fortalecer la eficacia del gobierno en materia social. Entre ellas destacan: la necesidad de la expansión y mejora de la cobertura educativa y sanitaria, el diseño de programas de seguridad más integrales y focalizados, la promoción de empleo formal y productivo, así como la

implementación de mecanismos que aseguren la inclusión y el desarrollo de capacidades en todos los grupos sociales.

La evidencia sugiere que un Estado eficiente, capaz de articular recursos y políticas de manera integral, puede acelerar significativamente el progreso social y avanzar hacia una mayor y más sólida prosperidad compartida. La consecución de mayores niveles de bienestar en la sociedad es un objetivo ineludibles para la política pública contemporánea en México. El IPS 2025 refuerza la urgencia de contar con más y mejores indicadores que permitan visibilizar las desigualdades sociales y territoriales en México.

El rezago de sur del país no es nuevo, al contrario, tiene décadas. Morena ha puesto en el centro de las políticas económicas y sociales una mayor inversión en dicha región del país. Pero no es suficiente, se requiere llevar más inversión, fundamentalmente privada, para que la población con menores niveles de bienestar tenga las oportunidades de empleo y desarrollo que les permitan romper con el círculo vicioso de la pobreza.