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La austeridad que no es

Opinión
El gobierno federal presume disciplina fiscal, pero los números de enero a mayo cuentan una historia distinta: no estamos ante un Estado que gasta mejor, sino ante uno que simplemente no gasta. Y cuando gasta, paga deudas viejas y pensiones, no el futuro del país.
Según México Evalúa, con datos de la propia Secretaría de Hacienda, el gasto neto total ejercido entre enero y mayo de 2026 fue de 3.97 billones de pesos, 9.5 por ciento por debajo de lo programado. Es el mayor rezago desde 2005, hace 21 años. En dinero contante: 417,814 millones de pesos que el Congreso aprobó y que no llegaron a escuelas, hospitales, carreteras ni juzgados.
El detalle es aún más revelador que el agregado. El rubro con mayor crecimiento fue el de adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas), con un alza de 151 por ciento real anual: 63,563 millones de pesos destinados a pagar facturas heredadas de 2025. Es decir, buena parte del gasto "nuevo" es en realidad gasto viejo que se pateó hacia adelante para maquillar el cierre del año pasado. Mientras tanto, el gasto en pensiones creció 6.3 por ciento real y alcanzó 693,298 millones de pesos, equivalentes a 19.5 por ciento de los ingresos presupuestarios: su mayor proporción en la historia, como advierte Gabriela Siller, de Banco Base.
La aritmética es implacable. Los ingresos cubrieron apenas 89.5 por ciento del gasto neto; la diferencia, equivalente a 1.18 por ciento del PIB, se financió con deuda. Endeudarse para pagar pensiones y adeudos atrasados, mientras se congela la inversión, es la peor combinación posible: deuda sin activos que la respalden.
Aquí está el problema de fondo. La inversión pública lleva décadas siendo la variable de ajuste de las finanzas públicas mexicanas. Cuando los ingresos no alcanzan, y con un crecimiento económico anémico no alcanzan, lo primero que se detiene es la obra, el mantenimiento, el equipamiento. Lo que no se puede detener es el gasto fijo: pensiones contributivas y no contributivas, costo financiero de la deuda, transferencias comprometidas por ley o por promesa política. Ese gasto fijo ya devora casi una quinta parte de cada peso que ingresa al erario, y su trayectoria es ascendente por pura demografía.
El Paquete Económico 2026 prometía una inversión pública de 3.2 por ciento del PIB, concentrada en los proyectos insignia del sexenio. Pero prometer en septiembre y ejercer en mayo son cosas distintas. Un subejercicio de esta magnitud en plena primera mitad del año sugiere que la meta de consolidación fiscal se está cumpliendo no por eficiencia recaudatoria ni por priorización inteligente, sino por la vía más burda: cerrar la llave y esperar que nadie note los baches, las clínicas sin medicinas y los proyectos detenidos.
La disciplina fiscal es indispensable después del descalabro de 2024, cuando el déficit alcanzó su máximo histórico de 5.7 por ciento del PIB, el déficit más alto del que Hacienda tiene registro. Pero hay una diferencia entre consolidar y estrangular. Consolidar exige reformar el gasto fijo, sincerar el costo de las pensiones universales y proteger la inversión que genera crecimiento futuro. Estrangular es lo que estamos viendo: recortar la inversión lo que construye para sostener el gasto que lo que consume.
Cuando el gasto que más crece es el que paga el pasado y el que más se retrasa es el que construye el futuro, no hay austeridad republicana que valga. Hay, simplemente, un presupuesto que se está comiendo a sí mismo. Y la factura, como siempre, la pagarán los que hoy no votan: los contribuyentes de 2030.
