Gracias a la difusión del video donde expongo los riesgos de la Ley de Extinción de Dominio, quise compartirles el “tras bambalinas” de la Cámara de Diputados —con todo y sus tropezones—, para explicar cómo a veces pueden cometerse tremendas negligencias legislativas. Aclaro que mi inconformidad es con la ley recientemente aprobada, debido a los errores y ambigüedades que contiene, que amenazan a la propiedad privada y a la gente de buena fe.

Definitivamente estoy a favor de una ley que permita paralizar las actividades y castigar contundentemente a criminales y corruptos asegurando sus bienes. ¿Quién no lo estaría? Desgraciadamente, esta ley abre la puerta a la injusticia y los abusos de poder que, de por sí, no son raros en nuestro país. Los riesgos se concentran principal, pero no exclusivamente, en los artículos 14, 227, 228 y 248 de la ley referida.

La Ley Nacional de Extinción de Dominio le permite al Ministerio Público solicitar la acción de embargo, incluso sin que se haya determinado la responsabilidad penal del demandado (art. 14), violando así el principio de presunción de inocencia. Asimismo, la ley permite la venta anticipada de los bienes, también sin requerir una sentencia definitiva de un juez. En otras palabras, se puede desposeer a un mexicano de su casa, su parcela, su empresa, etcétera, y venderla sin que haya sido encontrado culpable. ¡Una aberración total!

Ah, y reconociendo que esta ley puede prestarse a “equivocaciones”, el artículo 248 señala que en caso de demostrarse la inocencia del imputado luego de vendidos sus bienes, se decrete la devolución del costo de los mismos. No sé ustedes, pero me parece que un bien no sólo tiene valor económico, sino reputacional y hasta emocional casi imposibles de resarcir.

¿Cómo llegamos a este absurdo? La Comisión Permanente convocó a la Cámara de Diputados para discutir, a partir del jueves 25 de julio, las leyes reglamentarias de la reforma educativa y la Ley de Extinción de Dominio. Los esfuerzos se concentraron en el análisis de dichas leyes reglamentarias y sus negociaciones sindicales —que no son asunto menor—, pero aparentemente pocos atendieron el último tema en la agenda. Además, la minuta de la Ley de Extinción de Dominio había sido aprobada por unanimidad en el Senado, así que muchos la dieron por buena. México, como muchas otras democracias, cuenta con un sistema bicameral para garantizar la revisión del trabajo legislativo, pero en este caso el mecanismo de contrapesos pareció más bien un formalismo.

El martes 23 se nos informó que las leyes reglamentarias sobre educación se discutirían hasta septiembre y se dudaba si habría sesión sólo para discutir la Ley de Extinción de Dominio. Finalmente, se nos convocó a las 11:00 de la mañana del 25 de julio, pero a las 12:00 de la tarde de ese día aún no iniciábamos... el dictamen no estaba listo.

Sobra decir que pocos tuvieron tiempo de analizar el documento final que discutiríamos. Así, a lo largo de seis horas, se presentaron los posicionamientos de cada grupo parlamentario y 63 reservas bien sustentadas, solicitando modificaciones, pero, como se ha hecho costumbre, se descartaron por la bancada de la mayoría, dando la impresión de que siguen indiscriminadamente la lógica de “no cambiarle ni una coma” a nada. Prestigiados legisladores y legisladoras de todos los partidos subieron a tribuna para exponer los riesgos de esta ley, mientras convencíamos a nuestros compañeros para que reconsideraran su voto, pero fue inútil. Sólo unos 100 diputados permanecimos en el pleno a escuchar el debate, pero con 291 votos a favor, 114 en contra y 5 abstenciones, se aprobó una ley francamente peligrosa por ignorancia, negligencia o incluso miedo.

¿Ahora qué sigue? Alzar la voz ciudadana para que se nos unan más legisladores con el fin de modificar una ley que se aprobó a tropezones. Si el presidente no devuelve el documento con las debidas observaciones, existen varias vías de acción: desde una iniciativa de reforma a la ley en cuanto ésta entre en vigor, hasta la acción de inconstitucionalidad. Todo dependerá del involucramiento de los diferentes sectores de la sociedad y la voluntad política de cada legislador. Los mantendré informados, porque no nos daremos por vencidos hasta que la Ley de Extinción de Dominio sólo castigue a los criminales, no a la ciudadanía. Esta historia continuará.

* La autora es diputada federal por el distrito 8 de Jalisco.

Abril Alcalá

Diputada Federal

Columna invitada

Doctora en Políticas Públicas y Diputada Federal por el Distrito 8 de Jalisco.