La Suprema Corte dejó sin resolver un tema de primera importancia para el combate a la corrupción en México: la posibilidad de que la autoridad judicial federal rompa el secreto bancario sin autorización judicial previa. Una decisión de la Corte en contra del secreto bancario en materia penal es indispensable para combatir la corrupción, uno de los tópicos que más aplausos provocó el sábado por la tarde en la plancha del Zócalo capitalino.

Ese día, 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador presentó las 100 primeras acciones de su gobierno, con una clara inclinación hacia el Estado de bienestar y el fin de los privilegios ilegítimos. Se acabó la impunidad, se acabó la corrupción, prometió López Obrador. El electorado —se calculan 150,000 personas en el Zócalo y alrededores— respondió con una sonoridad que aturdió la plaza.

Cumplir la promesa no será sencillo. Se necesitan más que buenas intenciones. Se requiere de un marco jurídico robusto y acorde con el estado de derecho, que dé certidumbre a ciudadanos y delimite las atribuciones de las autoridades para perseguir y combatir el delito.

El problema de fondo se encuentra en las grandes operaciones con recursos públicos y en los sobornos a funcionarios públicos para permitir la operación de negocios ilegales: asignaciones de obras de infraestructura, licitaciones para la prestación de servicios, contratos de compras de gobierno, corporaciones policiacas que trabajan para el crimen organizado. Algunas fuentes aseguran que la corrupción tiene un costo total en México de entre 5% y 10% del total del PIB. En el caso Odebrecht, por ejemplo, la constructora brasileña admitió haber pagado más de 10.5 millones de dólares en sobornos para obtener contratos públicos en México

El proyecto de AMLO se basa en eliminar el costo de la corrupción para reincorporarlo a las finanzas públicas y realizar una nueva distribución de ese dinero. López Obrador ha hablado de hasta 500,000 millones de pesos, que le darían margen para cumplir con buena parte de sus promesas electorales, como pensión universal para adultos mayores o menores de edad con alguna discapacidad, la creación de universidades públicas gratuitas o la entrega de becas para estudiantes.

El secreto bancario puede ser un obstáculo para ello. Su defensa a ultranza puede obstaculizar el trabajo del ministerio público incluso si hay sospechas de una actividad delictiva, cancelando la posibilidad de recabar información, integrar averiguaciones previas y solicitar sanciones penales en casos de lavado de dinero, defraudación fiscal o delincuencia organizada.

El Pleno de la Suprema Corte desechó el 27 de noviembre un proyecto del ministro José Ramón Cossío Díaz que pretendía exigir autorización judicial para romper el secreto bancario en materia penal. En investigaciones de carácter fiscal o administrativa el acceso a esa información de carácter patrimonial, considerada en el manto de protección de los datos personales, no requiere de la previa autorización de un juez. ¿Por qué habría de ser distinto en materia penal? Mientras el Pleno de la Corte no disponga otra cosa se mantendrá vigente una tesis promovida por el propio Cossío Díaz que protege el secreto bancario en casos penales.

¿Pero de qué otra manera podría la Procuraduría General de la República (PGR) integrar averiguaciones previas si no recaba indicios de un hecho delictivo? El ministro presidente Luis María Aguilar Morales lo explicó en la sesión del 27 de noviembre: “El indicio de la defraudación fiscal equiparada implica per se contar con los elementos de la cuenta bancaria del contribuyente para poder tener noticia de que, habiendo recibido ingresos, omitió realizar la declaración correspondiente y el consecuente pago de las contribuciones”.

Los votos de seis ministros en contra del proyecto contra cinco a favor lograron desechar el proyecto de Cossío Díaz y pedir la redacción de uno nuevo. Esperemos una propuesta que argumente con profundidad contra la sacralización del secreto bancario, como un paso indispensable para el combate a la corrupción en México. Si AMLO quiere de verdad combatir la corrupción, deberá impulsar un criterio jurisprudencial en esta dirección.

JoséSoto Galindo

Editor de El Economista en línea

Economicón

Periodista. Desde 2010 edita la versión digital de El Economista en la Ciudad de México. Maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Tiene especialización en derecho de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Su blog personal es Economicón.