En los primeros cinco meses, el gobierno del presidente López Obrador ha triplicado el número de deportaciones de los migrantes. En diciembre del 2018 fueron 5,717 y en abril del 2019 suman 14,979, según el Instituto Nacional de Migración (INM).

El total de las deportaciones en estos cinco meses asciende a 45,370 personas, que para el mismo periodo es mayor a las realizadas por el presidente Peña Nieto en los dos últimos años de su mandato, las más altas, que fueron de 37,298 y 24,567 personas, respectivamente.

Los partidarios de Morena y el ahora presidente criticaron a Peña Nieto de utilizar la mano dura contra los migrantes, pero el actual gobierno tiene una política de deportación mucho más fuerte que el anterior.

Al inicio de su gobierno, en diciembre y enero, López Obrador permitió la entrada libre de los migrantes en el marco de una nueva política migratoria, pero a partir de febrero cambió e inició otra que incrementa las deportaciones como nunca antes.

El dramático cambio de rumbo se debe a las presiones del gobierno de Estados Unidos. López Obrador quería implementar otra política migratoria, pero al anunciarla y aplicarla no midió la reacción del vecino del norte. No fue capaz de resistir la presión y tuvo que ceder.

Ahora la política migratoria de López Obrador está alineada con los intereses de Estados Unidos. Él lo niega, como también lo hace el canciller Ebrard, pero la realidad se impone. Ahí están los datos. El aumento de las deportaciones es para mostrar a las autoridades estadounidenses que México cumple con lo acordado.

La nueva estrategia se centra en detener a los migrantes centroamericanos en el sur del país y evitar que avancen sobre el territorio nacional para llegar a Estados Unidos. La capacidad de las estaciones migratorias del gobierno está rebasada.

Ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las organizaciones de la sociedad civil han planteado que esos sitios no tienen las condiciones adecuadas para alojar a los migrantes que van a ser deportados. Hay hacinamiento y falta de acceso a alimentos y atención médica.

La mayor parte de los migrantes deportados son centroamericanos, y de ellos la mitad consta de hondureños, después guatemaltecos y salvadoreños. Ahora hay cada vez más cubanos y africanos, aunque son grupos pequeños.

Las condiciones en Centroamérica, particularmente en Honduras, no van a cambiar pronto, desde luego no en este sexenio. El problema va a estar presente a lo largo del mandato de López Obrador.

En los próximos meses y en el marco de la política migratoria del actual gobierno, en acuerdo con Estados Unidos, lo previsible es que cada año irán en aumento las deportaciones. El presidente debe eliminar de su discurso de que su gobierno extiende la mano a los migrantes. No es cierto.

Rubén Aguilar

Asesor Político

Convicciones

Licenciado en filosofía, maestro en sociología y doctor en ciencias sociales por la Universidad Iberoamericana (Campus Santa Fe, México). Tiene estudios de comunicación en el ITESO (Guadalajara, Jalisco) y de desarrollo institucional en el INODEP (París, Francia). De 1966 a 1979 estuvo en la Compañía de Jesús.