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Regular marchas lesiona derechos
El Partido Acción Nacional (PAN) volvió a sacar el tema de la regulación de las marchas y manifestaciones políticas públicas. La reciente insurgencia magisterial, que se ha expresado especialmente con las diversas acciones de protesta de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la ciudad de México, motivó o dio pretexto para que legisladores de Acción Nacional plantearan el tema tanto a escala federal como local.
En la Cámara de Diputados el diputado Jorge Sotomayor Chávez presentó el jueves 3 de octubre una ley para regular las manifestaciones en el Distrito Federal. En tanto, en Jalisco, la diputada local Gabriela Andalón Becerra, presentó el 22 de septiembre, la iniciativa de ley para regular las reuniones y manifestaciones en espacios públicos.
La iniciativa del diputado Jorge Sotomayor hace énfasis en los supuestos costos económicos y en tendencia al alza de manifestaciones que se presentan en el Distrito Federal. Dice en su exposición de motivos: Desafortunadamente, este tipo de manifestaciones no son algo excepcional y se han ido presentando con mayor frecuencia en los últimos años: mientras que en el año 2002 se registraron 778 movilizaciones en la vía pública, en el 2009 se presentaron 4 veces más movilizaciones (aproximadamente 3,200) y ya para 2010 se había llegado a 6,294, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. En 2012 la cifra se elevó nuevamente para llegar a 7,319 y la tendencia de este año indica que habrá 9 mil manifestaciones en la Ciudad de México.
El legislador blanquiazul recurre a argumentos de abogados, como Miguel Carbonell, y a estudios de la propia Cámara de Diputados para justificar que este tipo de medidas ya se aplican en países que se consideran democracias consolidadas.
Por su parte, la iniciativa de la diputada Gabriela Andalón justifica la regulación de las marchas para proteger los derechos de los manifestantes y de los ciudadanos ajenos a dichas expresiones, así como el debido funcionamiento de los poderes públicos; para evitar parálisis, chantajes, extorsiones o actos violentos de los manifestantes .
Ambos legisladores aseguran que con estas reglamentaciones no se vulneran las garantías individuales, especialmente los derechos de expresión y manifestación (artículo 6º constitucional) y de asociación (artículo 9º constitucional).
Sin embargo, los aspectos concretos de la reglamentación que proponen son a todas luces violatorios de esos derechos. Por ejemplo el panista Jorge Sotomayor propone que para salir a la calle se debe notificar a la autoridad con 72 horas de antelación, prohíbe marchar por calles de un solo sentido, poner límite de horarios a las manifestaciones y concede el derecho a la autoridad a disolver una reunión pública por factores de riesgo medioambientales y de protección civil .
En la iniciativa de la diputada jalisciense también propone la disolución de las manifestaciones, marchas o plantones cuando se afecten los bienes de dominio público .
Los intentos de regular las manifestaciones planteadas por los legisladores panistas son a todas luces violatorias de los derechos políticos de los mexicanos, proponen un alto margen de discrecionalidad a las autoridades para autorizar o disolver una manifestación y prosigue la ruta de criminalizar la protesta social.
Si hubieran existido estas regulaciones durante la época de oposición al PRI, los panistas no habrían podido realizar el amplio repertorio de manifestaciones y marchas que llevaron a cabo durante esos años.
En lugar de regular las marchas, y por esta vía atacar o recortar los derechos políticos de los mexicanos, los legisladores blanquiazules harían bien en reflexionar sobre las razones que llevan a millones de mexicanos a salir a la calle.
Twitter: @rmartinmar
