El dilema de la no injerencia se presenta en la relación bilateral

El gobierno actual sostiene que “la mejor política exterior es la interior”, señalando la necesidad de resolver nuestros graves problemas domésticos como condición previa para aspirar a recuperar el prestigio que alguna vez tuvo la política exterior de México.

La idea de poner el foco en la política interior representa un primer pilar para progresar en el combate a la corrupción, la inseguridad y la desigualdad como vía para restablecer el Estado de Derecho y por ende, mejorar la imagen de nuestro país y de su gobierno, a nivel internacional.

Otro pilar en materia de política exterior es la readopción de la célebre Doctrina Estrada con sus principios de autodeterminación de los pueblos y de no injerencia en los asuntos internos de otros países.

Dichos ideales diplomáticos son el complemento perfecto del apotegma juarista: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

El reto es la aplicación exitosa de estas tres definiciones en nuestra relación bilateral con Estados Unidos.

Hoy, los mexicanos que se encuentran indocumentados en el vecino país del norte enfrentan la amenaza de las redadas en sendos mensajes emanados de la cuenta de Twitter del controvertido inquilino de la Casa Blanca.

Actualmente existen órdenes de arresto para casi 1 millón de indocumentados y aunque las autoridades de EU carecen de la capacidad y la infraestructura suficientes para procesarlos a todos, las redadas pueden incluir a miles de inmigrantes que se encuentren por casualidad en el momento y lugar equivocados, aunque no tengan órdenes de deportación o se trate de mujeres y niños.

¿Cómo enarbolar entonces el principio de no injerencia en asuntos internos de ese país, cuando se afectan directamente los derechos de tantos mexicanos? ¿Cómo conceder que Estados Unidos está en su derecho y que México debe respetarlo?

Chantaje

Por si esto fuera poco, recientemente Trump corresponsabilizó a México del creciente flujo de inmigrantes centroamericanos a EU y amenazó con imponerle paulatinamente tarifas arancelarias de entre 5 y 25% a todos sus productos de exportación, en caso de no disminuir el número de cruces a su territorio.

Aunque México sorteó —por lo pronto— la exigencia de Trump para convertirse formalmente en “tercer país seguro”, a cambio tuvo que aceptar en los hechos que aquellos migrantes que hubieran logrado internarse a Estados Unidos, sean devueltos posteriormente a nuestro territorio, donde serán registrados y esperarán la respuesta final a sus solicitudes de asilo, que ahora serán extraordinariamente limitadas.

Por lo pronto, México ha comenzado a recibir a miles de nacionales de Honduras, Guatemala, El Salvador, Haití, Cuba, Venezuela, Ecuador y Nicaragua en albergues “temporales”, pero cuando se cumpla el plazo de 90 días que fijó Trump, veremos si él volverá a recurrir al chantaje como estrategia de su campaña de reelección en el 2020 o si nuestra nueva política exterior pasó la prueba de fuego con Estados Unidos.