En la última semana, los habitantes de al menos 10 estados del país y la Ciudad de México hemos resentido las afectaciones derivadas de la insuficiencia de gasolina. En la ciudad, ha aminorado la afectación en el último par de días, aunque sigue pendiente el restablecimiento total del servicio. Sobre las causas de esta afectación existen, al menos, dos teorías. Una, que es un problema de distribución (y no de suficiencia) del hidrocarburo, derivado del cierre de los ductos en los que se distribuye, dada la necesidad de resguardarlos de acuerdo con el plan presentado en días pasados por el presidente López Obrador, referente al combate contra el robo de hidrocarburos. La otra versión es que el desabasto es producto de la falta de importación de combustibles por parte de la autoridad. Existe la posibilidad de que la escasez sea una mezcla de ambas situaciones.

Entre los dimes y diretes derivados de esta circunstancia, se ejerció una acción jurídica interesante con el propósito de revertir la afectación. El abogado Javier Mijangos y González promovió un amparo, a través del cual reclamó los actos llevados a cabo por diversas autoridades con motivo del plan para combatir el llamado huachicoleo. A su juicio, estos actos vulneran su derecho a la libre circulación, previsto en la Constitución.

Como parte de esta demanda de amparo, se solicitó la suspensión de la orden verbal de clausurar al menos cuatro de los 13 oleoductos de Pemex, así como las consecuencias que de ello derivaron, esto es, el desabasto de combustibles en la Ciudad de México y, de manera particular, la afectación que sufrió al no poder abastecer su vehículo de combustible.

No es momento de aventurarse sobre el argumento de fondo planteado en la demanda, pero resulta importante destacar que el 11 de enero pasado, el juez primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió una suspensión provisional al abogado, lo que implica que las autoridades deberán adoptar “todas las medidas necesarias que permitan garantizar la adecuada y suficiente distribución y suministro del combustible (gasolina) en las estaciones de servicio de todo el país, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva”, en el entendido —destacó el juzgador— de que dicha medida surta efectos inmediatamente. Finalmente, el juzgador previno a las autoridades a efecto de que cumplan con la orden, y les advirtió que su desobediencia podría ser sancionada con penas de prisión y multas, además de la destitución e inhabilitación para ocupar algún cargo público.

Si bien la decisión no implica un pronunciamiento de fondo sobre la controversia planteada, sí es un buen ejemplo de cómo el juicio de amparo y los mecanismos inherentes al mismo pueden constituir un medio para intentar paliar los efectos de una decisión de política pública que se considera contraria a los derechos previstos en la Constitución. Esperamos que la situación se normalice y el abasto se restablezca a 100% en todas las entidades afectadas. La emergencia continúa en estados como Michoacán, Guanajuato y Jalisco, que conforman el bajío, una de las regiones más productivas del país. Por lo pronto, existe una suspensión aún provisional, que ordena que las autoridades tomen todas las medidas necesarias que permitan garantizar a la sociedad la distribución y suministro de combustible.

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