La semana pasada, el Banco de México —Banxico— disminuyó por unanimidad la tasa de interés 25 puntos básicos para dejarla en 7%, esto siguiendo su tendencia semiexpansiva de relajar la política monetaria sin alterar el balance general de riesgos que impacte el tipo de cambio y la inflación. Por razones de autonomía y de estricto cumplimiento de mantener el poder adquisitivo de la moneda, los bancos centrales no deben ser vistos como promotores o impulsores del desarrollo. Pretender ver las tasas de interés, la expansión del crédito y la generación de liquidez a través de la fabricación artificial de dinero o acreditando recursos en las cuentas de los bancos comerciales como mecanismos para hacer crecer las economías es un error en el que, en muchas ocasiones, han caído los países. El nuestro no es la excepción. A la larga, mantener una moneda fuerte frente a los precios de los bienes y servicios de una economía es la mejor aportación al desarrollo y bienestar de las personas. Hoy puede ser el momento propicio para pensar en llevar la tasa de interés a niveles de 4% en un par de años.

Sin embargo, para el caso mexicano, la extrema política restrictiva que Banxico siguió hace más de un lustro llevó a que nuestras tasas de interés en este momento puedan ser uno de los factores que estén obstaculizando el crecimiento económico. Esto no quiere decir que sea el banco central el causante de la falta de crecimiento en México; por el contrario, ha hecho una labor más o menos eficiente en el control inflacionario y en el manejo de las reservas internacionales, además de ser una de las instituciones mejor evaluadas por la sociedad. La actual falta de crecimiento se debe, entre varias razones, a la poca certidumbre de los agentes económicos nacionales con relación al Estado de derecho, en cuanto a lo que se refiere al cumplimiento de contratos y proyectos de inversión ya negociados; al mismo tiempo que a la falta de impulso que hasta el momento le ha dado a nuestra economía el gasto público. También se puede agregar la baja internacional de las materias primas.

Nuestro gobierno está haciendo un notable esfuerzo por establecer una nueva relación con el sector privado, que esté sustentada no en el beneficio mutuo en el que se enriquecen unos pocos y los políticos amasan fortunas incalculables, sino que ambos, capital y gobierno, se unan para apoyar a la sociedad en su conjunto, en especial a los que menos tienen. El punto de partida de este esfuerzo gubernamental es: cero tolerancia a la corrupción. La intención es dejar de ver la obra pública o las compras de gobierno como un botín que beneficia a todos, menos a la sociedad. El nuevo acuerdo entre el sector privado y este gobierno de cambio se orienta a establecer una relación más sana y trasparente, siempre enfocada en beneficiar a la sociedad. Esta nueva relación puede dar como resultado que se establezca en México un nuevo modelo económico de desarrollo, que sea capaz de atender al mismo tiempo a los estados del centro y norte del país, quienes avanzan hacia el crecimiento de la mano de la tecnología y el libre comercio con Norteamérica y, por otro lado, a los estados del sur, quienes han estado alejados de los beneficios de la integración y han sido presas del abandono e indiferencia del capital y el gobierno.

Carlos Alberto Martínez

Doctor en Desarrollo Económico y Derecho

AUCTORITAS

Profesor en la Universidad Panamericana, Ibero y TEC de Monterrey. Ha trabajado en el Banco de México, la Secretaria de Hacienda, la presidencia de la República y en Washington, DC. Actualmente estudia el doctorado en Filosofía con investigaciones en el campo de la ética y la economía. Autor de libros en historia económica, regulación financiera y políticas públicas