En 18 años de litigios en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), los defensores del Estado mexicano perdieron 7 de cada 10 casos. Fueron 41,648 descalabros de los 57,497 asuntos vistos en el tribunal en el periodo, una efectividad de 27.6 por ciento. Esas derrotas judiciales costaron al erario 448,606,069,500 pesos, o el equivalente a 1.9% del PIB de 2018.

A ese monto derivado de derrotas judiciales puede sumarse la cantidad de dinero perdida por asuntos en trámite y pendientes de resolución en todo el país, calculada en 57,190 millones de pesos sólo en 2018.

Se calcula que por cada 10 asuntos que ingresan a los órganos de justicia 4 se resuelven en forma definitiva y 6 quedan pendientes de resolución (la proporción es 7 a 10 a nivel federal y de 2 a 10 a nivel estatal).

Estas cifras se encuentran en Estadística Judicial en México. Ensayo sobre la situación que guarda la administración de justicia en el país (Zapopan, 2019), una investigación del abogado Antonio de J. Remes Díaz con información estadística judicial de 2001 a 2019.

Remes Díaz introduce en su libro el concepto CRIRA, para designar la Capacidad Real Institucional de Resolución de Asuntos, que define como el conjunto de recursos presupuestarios, humanos, materiales e institucionales para proveer justicia y resolver problemas jurídicos en el ámbito de sus funciones, facultades y competencias durante un ejercicio fiscal. 

Así, por ejemplo, una mayor CRIRA en el sistema de administración de justicia del país es equivalente a menor corrupción; una menor CRIRA es equivalente a mayor corrupción.

La forma de calcular la CRIRA, dice Remes Díaz, es dividiendo el número de asuntos concluidos de un ejercicio fiscal entre el volumen de asuntos ingresados en el periodo y el volumen de asuntos rezagados de ejercicios fiscales previos.

“La estimación que aquí se aborda parte de la omisión del Estado mexicano en su función monopólica de administrar justicia y proveerla en términos del artículo 17 constitucional”, escribió Remes Díaz.

Las pérdidas monetarias derivadas de una baja efectividad de los abogados del Estado mexicano serán mayores si se suman los montos por derrotas relacionadas con la defensa de las 32 entidades de la república en los respectivos tribunales administrativos, o los litigios en materias distintas a la administrativa, como compensaciones por causas penales, laborales o mercantiles, o los pleitos en instancias internacionales, como arbitrajes o controversias. Pero —no sé si por suerte, para evitar la sorpresa que provoque el llanto, o como laguna informativa que documente el optimismo— estos datos son inexistentes.

Y a la cifra final, por supuesto, faltará sumarle las pérdidas provocadas por la deficiencia del sistema penal para perseguir, castigar y evitar la corrupción. 

El trabajo de Remes Díaz, del que me hizo llegar una copia a finales del año pasado, se basa en 220 solicitudes de acceso a la información a instancias federales y estatales (de las cuales se derivaron 44 recursos de revisión y una controversia constitucional que deberá resolver la Suprema Corte), con el objetivo de conocer el estado que guarda la administración de justicia en México. Una tarea titánica, enciclopédica, sobre un sector que exige una transformación urgente para mejorar las condiciones de desarrollo social y económico del país.

José Soto Galindo

Editor de El Economista en línea

Economicón

Periodista. Desde 2010 edita la versión digital de El Economista en la Ciudad de México. Maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Tiene especialización en derecho de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Su blog personal es Economicón.