Los gastos fiscales son tratamientos preferenciales que se le otorgan a las personas físicas (individuos) o morales (empresas) para perseguir ciertos fines. Entre los objetivos más comunes se encuentran la creación de empleo, la redistribución del ingreso, el fomento de la inversión, la protección al medio ambiente, entre otros. Comúnmente, los gastos fiscales buscan reducir la carga impositiva de los contribuyentes y pueden tomar diferentes modalidades: deducciones, exenciones, tasas reducidas, facilidades administrativas, estímulos fiscales, etc.

Por ejemplo, las exenciones están presentes en prácticamente todos los impuestos, mientras que las facilidades administrativas únicamente se otorgan en el Impuesto sobre la Renta Empresarial (ISRE).

Cabe resaltar que el otorgamiento de los gastos fiscales tiene un doble efecto. Por un lado, brindan alivio a los contribuyentes y, por otro, implican un costo para el erario. La realidad es que con la implementación de los gastos fiscales el gobierno es quien absorbe la mayor pérdida. No es lo mismo que se recaude 16% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por la venta de algún bien o prestación de servicio, a que se recaude un monto menor por la aplicación de una tasa de IVA reducida, o que haya una recaudación nula tras la implementación de una tasa de 0% en el mismo impuesto.

Lo que es cierto es que al sumar la pérdida recaudatoria de cada uno de los 99 gastos fiscales reportados en México para el 2020, se acumula una bolsa cuantiosa de recursos que, para dicho año, ascendió a 3.7% del PIB. Esta cifra es mucho menor a 6.7% del PIB que acumula Estados Unidos y mayor a 3.1% y 2.8% del PIB que se reportan en Chile y Argentina, respectivamente.

Existen varios problemas derivados de que el gobierno mexicano cuente con una pérdida recaudatoria de este calibre. El primero, es el impacto que dicha pérdida tiene sobre los ingresos, pues éstos merman la recaudación potencial. En segundo lugar, es fundamental que dicha pérdida esté plenamente justificada en función de los resultados que se están logrando con cada uno de ellos. Desafortunadamente, en nuestro país no contamos con los elementos necesarios que la avalen.

Por ejemplo, en el caso del estímulo fiscal que el presidente Andrés Manuel López Obrador aprobó por Decreto Presidencial en materia del Impuesto sobre la Renta (ISR) e IVA en la frontera norte, las preguntas obligadas serían ¿Tenemos alguna prueba de que se haya fortalecido la economía de los contribuyentes que viven en dichas zonas a partir del establecimiento del estímulo? ¿Cuáles han sido los efectos y resultados de los estímulos otorgados? ¿Se ha logrado aumentar la inversión? ¿Se ha fomentado la productividad y la creación de empleos? Desafortunadamente no tenemos respuesta a estas preguntas básicas. Ello se debe a que en México no se evalúan periódicamente los tratamientos preferenciales.

A pesar de no tener respuestas claras a estas preguntas esenciales, a finales del año pasado se publicó otro decreto por medio del cual el Presidente extendía la aplicación de estímulos fiscales en el IVA e ISR a la frontera sur. Es así como año tras año se acumulan nuevos tratamientos preferenciales (y su pérdida recaudatoria correspondiente) sin que sepamos si en realidad cumplen con el objetivo para el cual fueron creados. La aprobación de estímulos fiscales mediante decretos presidenciales fue una práctica creciente entre 2019 y 2020. Tan solo el año pasado, los estímulos autorizados por decreto representaron 61% del total de los estímulos fiscales.

A pesar de las deficiencias en términos de la evaluación, sabemos que del 2012 al 2020, una de las industrias más beneficiadas por los gastos fiscales fue la industria manufacturera. En cuanto a las personas físicas, la pérdida recaudatoria más cuantiosa la generan los ingresos exentos por salarios de jubilaciones, pensiones o haberes del retiro, seguido de los ingresos exentos por intereses que perciben las Siefores. Por su parte, en el ISRE, el tratamiento preferencial que más le cuesta al gobierno es el subsidio al empleo, mientras que en el IVA es la tasa 0% a alimentos, con una pérdida registrada en el Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF) de 239,970 millones de pesos para el 2020.

Otro problema detectado es que la presencia de gastos fiscales hace más complejo al sistema tributario, lo que en ocasiones es aprovechado por algunos contribuyentes para reducir su carga impositiva de manera indebida. Esto es posible porque la mayor parte de los gastos fiscales son autoaplicativos, es decir, no se requiere de un proceso en particular o de aprobación previa para acceder a ellos.

A pesar de haber varias desventajas asociadas a la gestión de los gastos fiscales, es importante aclarar que, con un manejo adecuado, éstos pueden servir para que el gobierno cumpla con ciertas necesidades de la población. Para ello se requiere, entre otras cosas, evitar la discrecionalidad en su autorización, aprobarlos por un tiempo definido, conocer el objetivo que tiene cada uno y evaluar en qué medida cumplen con su propósito para decidir si se mantienen, rediseñan o eliminan.

*La autora es directora general de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.

@lilialvarado