El 15 de junio pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación una adición a la Ley General para el Control del Tabaco que incorpora un delito para quien adultere, falsifique, contamine, altere o permita que se lleve a cabo alguna de estas conductas, respecto de cualquier producto de tabaco. Se prevén penas que van desde uno hasta nueve años de prisión, así como multas de 8,000 a 80,000 pesos. Es una buena noticia, no sólo por el aspecto comercial (relacionado con el combate a la piratería y la venta ilegal), sino sobre todo por la salud y su protección. No obstante, es importante considerar que la inclusión de la norma no implica, por sí misma, un cambio en la realidad. Para ello, resulta fundamental acompañar la nueva regulación con la implementación de políticas públicas adecuadas que permitan darle significación al cambio.

Hace unos años se regularon de manera importante la venta y consumo de productos de tabaco. En aquella ocasión, a los cambios normativos le sucedieron una serie de políticas públicas sólidas que permitieron materializar estos cambios: la especificación sobre los espacios destinados para consumo —así como la verificación en su cumplimiento—, el diseño de los pictogramas que alertan sobre las consecuencias derivadas del consumo, entre otros. Éste, me parece, ha sido un caso de éxito. Respecto de este nuevo cambio, corresponderá a las autoridades, entre ellas a la Secretaría de Salud, el Consejo de Salubridad General, Cofepris, las entidades federativas, entre otras, diseñar y desplegar políticas públicas, tales como capacitación a las autoridades sanitarias y ministeriales, visitas de verificación, procesos de responsabilidad, vigilancia y control en aduanas, y otras, que permitan darle sustento al cambio normativo.

Las soluciones a los problemas pasan “necesariamente” por el derecho. Recientemente, José Ramón Cossío Díaz —ministro de la Corte que concluirá su periodo en noviembre próximo— introdujo el concepto nomósfera. En un nuevo entendimiento del derecho y su función en la sociedad, señaló la importancia de “resguardar” al orden jurídico, a partir de un paralelismo con la biósfera y el ecosistema. Debemos pensar en el orden jurídico desde una nueva lógica, no de mera acumulación de normas ni tampoco como una especie de condición depredadora del sistema mismo. La noción de que el derecho no tiene que ver con quienes integran la sociedad —sostiene Cossío Díaz— es errónea. El derecho debe ser, en este sentido, un factor de cambio, asumido como un tema integral. Es cierto que el inicio será el cambio normativo, pero debemos hacer énfasis en los pasos subsecuentes. Nos hemos esforzado demasiado en el primer rubro y hemos descuidado el segundo aspecto.

Esperamos que la reciente introducción del delito aludido ayude a seguir transformando, teniendo como inicio el derecho, la conducta social, pero para ello resulta indispensable que se diseñen e implementen políticas públicas adecuadas para alcanzar ese objetivo. Que todo aquello que rodea al fenómeno que desea erradicarse sea atendido y procurado de manera integral (tal y como ocurrió en el pasado con la venta y consumo de tabaco). Sólo así podremos cuidar el orden jurídico, sólo así podremos cuidar la nomósfera. El derecho es cambio, por lo cual es necesario llevar a cabo todo lo que éste requiere para que las palabras (consignadas en normas) se transformen en realidades.

@gaboglezsantos