Oficinas de inmigración españolas amenazan con huelga por la amnistía a los migrantes

Las oficinas de inmigración de toda España amenazan con ir a la ⁠huelga la próxima semana en protesta por el programa de amnistía masiva del presidente Pedro Sánchez para los migrantes indocumentados, alegando que los sistemas del país no están preparados para gestionar hasta ⁠medio millón de solicitudes.

La amnistía es ⁠un pilar fundamental de la agenda progresista de Sánchez para aprovechar los beneficios económicos de la migración en favor de su población envejecida, incluso mientras otros Gobiernos europeos se disponen a reforzar sus fronteras para hacer frente a los retos políticos que plantea la extrema derecha.

Las solicitudes en línea se abrirán el jueves, después de que el Gobierno aprobara la iniciativa en una reunión del Consejo de Ministros celebrada este martes.

Sin embargo, los funcionarios de inmigración advierten de que el sistema sigue sin estar preparado para el reto y han amenazado con una huelga a partir del 21 de abril, un día después de que se abran las citas presenciales, paralizando todas las solicitudes de inmigración en protesta por la falta de recursos asignados al proceso.

El líder sindical de los funcionarios de inmigración españoles, César Pérez, dijo a Reuters que el Gobierno estaba volviendo a implementar una nueva regularización sin dotar a las oficinas de los recursos económicos suficientes para gestionarla.

En un intento por aliviar la presión sobre un sistema de inmigración ya sobrecargado, solo cinco de las 54 oficinas de inmigración del país se encargarán de tramitar las solicitudes, mientras que el resto se distribuirá entre oficinas de la Seguridad Social, oficinas de correos y ONG, según el sindicato español ⁠CCOO.

La población española, de 50 millones de habitantes, ⁠ha crecido en los últimos años hasta incluir ⁠a unos 10 millones de personas que viven en España y que nacieron en el extranjero. El laboratorio ⁠de ideas español Funcas estima que actualmente hay unos 840,000 migrantes indocumentados en la población activa.

El Partido Popular, en la oposición, ha calificado la iniciativa de imprudente, a pesar de que anteriores gobiernos conservadores impulsaron medidas similares.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y figura destacada del ha amenazado con recurrir la campaña ante los tribunales.

Sánchez describió la iniciativa en una carta dirigida a los ciudadanos publicada este martes en la red social X no solo como un acto ⁠de justicia, sino también como una necesidad económica. "España (...) envejece. Sin nuevas personas trabajando y cotizando, nuestra prosperidad se frena (...) y nuestros servicios públicos sufren", escribió.