LOS GRUPOS DE derechos a portar armas han dedicado una cantidad considerable de tiempo y energía para alcanzar su meta de debilitar al Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Lamentablemente han tenido éxito y las consecuencias son funestas.

La Asociación Nacional del Rifle y demasiados legisladores han combatido virtualmente todas las propuestas de darle más poder al Buró para llevar mejores registros de armas y luchar contra armas ilegales. Han logrado reducir el de por sí menguado presupuesto del ATF.

Han restringido la capacidad del ATF para compartir información con otras agencias federales. Han conservado al Buró sin timón durante los últimos seis años, oponiéndose a la confirmación de candidatos a la Dirección. Además, siguen luchando contra nuevas reglas que permitirían al Buró llevar un registro de ventas al mayoreo de armas largas, mismas que han desempeñado un papel preponderante en la violencia generada por el tráfico de drogas en México.

Los mismos críticos que han atado de manos al Buró expresan su irritación por una novedosa operación de la ATF, cuyo propósito era el de bloquear el contrabando de armas hacia México.

La operación Rápido y Furioso fue lanzada en el 2009: los agentes vigilaban las compras de copias de fusiles AK-47 y otras armas de alto poder; los agentes no pretendían confiscar las armas, sino que vigilaban cuando compradores de paja hacían visitas frecuentes y transferían las armas a terceros. En enero pasado, el Departamento de Justicia enjuició a 30 individuos de poca monta bajo cargos de tráfico de armas y por ser compradores de paja. El ATF esperaba atrapar a gente de mayor nivel en la cadena de mando, pero la operación se frustró cuando el Buró perdió la ubicación de 2,500 armas.

Por su parte, los legisladores deben dotar al ATF de las herramientas necesarias para combatir el tráfico de armas.

Aprobar penas más severas contra los compradores de paja, redactar un estatuto federal contra el contrabando de armas y dotar al ATF de la autoridad para recopilar datos sobre ventas múltiples de armas largas en los estados fronterizos. El Senado deberá confirmar a un director para el Buró. Los que tratan de aniquilar al Buró por posibles errores deberían aceptar parte de la responsabilidad por sus fracasos.