Una comisión de cinco diputados recomendó al Congreso retirar la inmunidad al presidente guatemalteco Jimmy Morales para que sea investigado por presunto financiamiento electoral ilícito.

El presidente de la comisión, Julio Ixcamey, dijo el lunes en conferencia de prensa que la resolución fue tomada sin presiones y que la decisión final para quitarle la inmunidad al señor Jimmy Morales la tiene el pleno del Congreso .

Para retirarle la inmunidad a Morales se requiere el voto de 105 de 158 diputados. A las afueras del Congreso unas 50 personas protestaban pidiendo a los congresistas que hicieran lugar al pedido de la comisión.

La comisión establece la existencia de hechos planteados en la denuncia , dijo Ixcamey y explicó que hubo contribuciones al partido que no fueron debidamente registradas en libros contables ni auditadas por los órganos de control debido a que no fueron presentadas, por lo que es necesario que sea el Ministerio Público y el Organismo Judicial que determine si hay responsabilidad penal o no en los hechos planteados .

La comisión presentó su informe el domingo por la noche después de cinco días de escuchar a varias instituciones, entre ellas la fiscalía, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el Tribunal Supremo Electoral y a defensores de Morales. El presidente fue citado pero no acudió.

El 4 de septiembre la Corte Suprema de Justicia autorizó que la solicitud hecha por la fiscalía y la CICIG para investigar a Morales por presunto financiamiento electoral ilícito fuera trasladada al Congreso porque existían suficientes indicios de haberse cometido un delito.

Según la fiscalía la denuncia contra Morales fue presentada por el Tribunal Supremo Electoral, que identificó irregularidades durante la campaña presidencial de 2015 cuando él era secretario general y representante legal del partido Frente de Convergencia Nacional.

A pesar de que la comisión aconsejó el retiro de la inmunidad exculpó al presidente de haber recibido algún financiamiento ilícito, razón por la que fue inicialmente acusado. No existen indicios para considerar que el secretario general tuvo intervención ni participación directa en los hechos planteados en el expediente de antejuicio (retiro de la inmunidad) , dijo en un informe.

Dos días después de ser señalado por la fiscalía Morales declaró persona no grata y ordenó la salida del colombiano Iván Velásquez, titular de la CICIG, desatando una grave crisis política en el país y que alertó incluso a la comunidad internacional.

La decisión de los diputados ha dejado algunas dudas, pues la ley de antejuicio establece que la comisión también debe definir si la solicitud de retiro de la inmunidad fue espuria, ilegítima o política y la comisión consideró que la solicitud pudo haber sido hecha por razones políticas por haber sido hecha dos días antes de la decisión de Morales de expulsar a Velásquez.

La fiscalía y la CICIG -un órgano de las Naciones Unidas que tiene 10 años en Guatemala investigando casos de corrupción de alto nivel- buscan investigar a Morales por el presunto ocultamiento de aportes a su campaña por unos 825,000 dólares.

El presidente ha dicho a través de boletines de prensa que nunca ha interferido en los procesos judiciales.

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