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Estrategia de gas natural de la 4T requerirá participación privada: expertos
La transferencia de tecnología desde otras regiones donde los particulares han sido exitosos en la explotación de estos yacimientos será crucial, advierten.

Carlos Flores, especialista en energía de la Egade Business School, explicó que México lleva años con una tendencia a la baja en extracción de gas, por lo que revertirla hacia 2027 como se planteó el miércoles en Palacio Nacional requeriría un salto simultáneo en inversión, ejecución y gestión de proyectos que hoy no se observa.
La necesidad de explotar los yacimientos con recursos no convencionales, atrapados en rocas lutíferas o areniscas de baja permeabilidad, es cada vez más urgente si se quiere alcanzar la deseada soberanía sobre todo del gas natural, consideraron expertos para quienes será indispensable la aportación de empresas privadas con conocimiento de estas geologías en otros países y recursos que le hacen falta al Estado mexicano.
Carlos Flores, especialista en energía de la Egade Business School, explicó que México lleva años con una tendencia a la baja en extracción de gas, por lo que revertirla hacia 2027 como se planteó el miércoles en Palacio Nacional requeriría un salto simultáneo en inversión, ejecución y gestión de proyectos que hoy no se observa.
“Haría falta acelerar exploración y desarrollo (convencional y no convencional), resolver cuellos de botella en recolección, procesamiento y transporte, y, crucialmente, incorporar tecnología y capital que Pemex por sí solo difícilmente puede aportar”, dijo, “la participación de privados no es opcional sino prácticamente indispensable si se quiere cerrar la brecha en plazos creíbles”.
El experto detalló que el gas shale (de lutitas) en Estados Unidos transformó la oferta del hidrocarburo con economías de escala, costos marginales bajos y rápida capacidad de respuesta, pero en México, su desarrollo quedó bloqueado en la práctica durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, convirtiéndose en una oportunidad perdida para reducir la dependencia de importaciones.
Sin embargo, consideró que tanto los volúmenes como el calendario anunciado (con arranques hacia 2027) carecen de sustento técnico visible sin un giro en política pública que habilite los no convencionales, certidumbre regulatoria y asociaciones.
“El anuncio es positivo en intención: reconoce la centralidad del gas para el sistema eléctrico y la industria; pero sin cambios de fondo en reglas e incentivos, corre el riesgo de quedarse en meta declarativa más que en capacidad material”, aseguró.
A su vez, Walter Julián Ángel Jiménez, secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, explicó que la transferencia de tecnología como la que se ha utilizado para intensificar las actividades de explotación de recursos shale en Estados Unidos y en la región de Vaca Muerta en Argentina será de gran utilidad para los trabajos que se pretenden realizar luego del anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum en que se busca concluir con la dependencia del país al gas natural importado por ducto desde el norte.
Por ello consideró que se tomará la experiencia de los contratos de inversión mixta que hasta el momento ha desarrollado Petróleos Mexicanos (Pemex) para transitar hacia formatos más sofisticados de participación privada en sociedad con la petrolera del Estado.
“Sí veo la ejecución de desarrollos mixtos entre Pemex y múltiples empresas que ya tienen experiencia en el área, pero también veo que Pemex ahora mismo evalúa los resultados de sus recientes procesos de contratos mixtos y busca perfeccionarlos con esquemas que convengan a las empresas en lo que se refiere a la participación porcentual, pero sobre todo al Estado mexicano”, aseguró.
En cuanto a la estrategia presentada por el Ejecutivo consideró que es altamente factible su ejecución en regiones como Tamaulipas donde ya hay desarrollos, asignaciones y contratos en operación, además de muchas áreas no convencionales con trabajos de exploración avanzada donde será posible acelerar la explotación de estos recursos si existe una regulación sólida en materia ambiental y de carácter social.

