El gobierno de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) trabajarán con un nuevo mecanismo de coordinación fiscal, que tiene como objetivos tener una mejor identificación de delitos fiscales y permitirle a la entidad fortalecer sus finanzas públicas.

Al respecto, el titular de la SHCP, Arturo Herrera Gutiérrez, explicó que, aprovechando las facultades que tiene como entidad federativa de auditar en materia de impuestos federales, el gobierno local le avisará a la Procuraduría Fiscal de la Federación si detecta problemas o delitos de evasión con este tipo de contribuciones.

Manifestó que en caso de que se cobren los recursos (derivados de los procesos legales que se realicen, como sentencias favorables de un juez o acuerdos reparatorios con los imputados), Chihuahua podrá quedarse con los montos.

“Es un convenio de una naturaleza novedosa y que esperamos que sea el parteaguas de una nueva forma de colaboración entre entidades y la SHCP (...) A través de este convenio lo que vamos a hacer es que si ellos a partir de las auditorías detectaran algún problema, puedan dar vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación, que a su vez lo ligaría. Y si se cobra algo, a través de las instancias judiciales, esos recursos irían para el estado”, recalcó el funcionario federal, al firmar el convenio de colaboración entre el gobierno de Chihuahua y la SHCP, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Precisó que si bien con este convenio los recursos cobrados se irán para la entidad federativa, como organismo federal les beneficiará porque de esa forma harán que el contribuyente se regularice y pague de manera permanente en los años fiscales subsecuentes.

Por su parte, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, manifestó que con el acuerdo se podrán combatir diversos delitos, entre los que destacan emisión de facturas falsas, operaciones de empresas fantasmas, prestanombres, delincuencia organizada y “se atacan a todos los beneficiarios finales de la evasión fiscal”.

“Estamos muy contentos de ser los primeros en firmar este convenio, vamos a implementar con una coordinación la nueva reforma penal fiscal para combatir diversos delitos (...) El objetivo del convenio que vamos a firmar es el intercambio de información para la investigación de los delitos fiscales y financieros, este convenio nos obliga como estado a informar a la Procuraduría Fiscal de la Federación de los delitos de defraudación fiscal”, recalcó.

El mandatario estatal destacó que uno de los factores para que Chihuahua sea la primera entidad federativa en firmar este convenio es ser el estado que más ha reportado empresas fantasmas a la Federación.

“(También) desde hace cinco años, ninguna entidad del país había obtenido 99.4% de cumplimiento de los cuatros ejes que evalúa la fiscalización en el país: cumplimiento a la normatividad; combate a la elusión, a la evasión fiscal; ingresos propios en términos de un esfuerzo de recaudación y medidas de ejemplaridad”, sostuvo.

Merma

El procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, refirió que las empresas fantasmas, así como la emisión de facturas falsas, representan pérdidas por 350,000 millones de pesos anuales, con lo cual se merman las finanzas federales y estatales.

“Los evasores fiscales siempre dejan huella en este tipo delitos, este convenio que firmamos con el gobierno de Chihuahua tiene como propósito recabar todas esas huellas o rastros del crimen, para usarlas como evidencia inculpatoria en los procesos penales que se llevarán en contra de los artífices de dicha evasión fiscal”, acotó.

“Es de conocimiento público que las llamadas facturas fueron mermando los recursos de las haciendas públicas tanto federal como estatal”, añadió Romero Aranda.

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